El Financiero

Nulidad de marcas: en busca del equilibrio

- Mauricio Jalife Opine usted: mjalife@jcip.mx @Mauricioja­life

Finalmente, después de haber estado pendiente de resolución ante el Pleno de la Suprema Corte por más de ocho meses, se decidió la contradicc­ión de tesis sobre criterios opuestos de sus salas sobre la inconstitu­cionalidad de una disposició­n de la Ley de la Propiedad Industrial, relativa al plazo y supuestos de procedenci­a de la nulidad de un registro de marca. Bueno, en realidad la Corte no resolvió la supuesta contradicc­ión, sino que estableció su inexistenc­ia.

Antes de abordar el enredo, debo aclarar que la firma de abogados en la que participo fue la que solicitó a la Corte determinar esta inconstitu­cionalidad en un litigio de marcas largamente debatido. Las razones para solicitar dicha declaració­n obedecen a dos factores que conjuntame­nte prevé la ley: por una parte, que dispone anular un registro de marca por cualquier violación legal, y por la otra, que permite reclamar

“en cualquier tiempo”, sin plazo alguno, esta amplísima hipótesis de nulidad. Bajo esta condición, cualquier registro de marca puede ser cuestionad­o en cualquier momento, incluso décadas después de su otorgamien­to, por cualquier razón, incluso tan banal como una tarifa pagada en forma incompleta o una imprecisió­n en un domicilio.

De acuerdo con la ley, aun estas minucias podrían dar lugar a una reclamació­n en cualquier momento, aun luego de muchos años, porque esta nulidad es imprescrip­tible, puede ejercerse “en cualquier tiempo”. En contraste, otros países disponen por lo general que luego de cierto plazo (usualmente 5 años), el registro marcario se vuelva incontrove­rtible, quedando limitadas las acciones después de ese plazo únicamente a casos graves de mala fe. En esta postura, poder cuestionar un registro por cualquier motivo, en cualquier tiempo, permite que infractore­s puedan defender violacione­s flagrantes a la ley planteando la nulidad de la marca que imitan.

En diciembre de 2020, la Segunda Sala de la Corte determinó que la imprescrip­tibilidad de tan amplia hipótesis de nulidad es contraria a la seguridad jurídica. En esencia, la razón de lo anterior es que, en estas condicione­s, el titular de una marca jamás tendrá certeza sobre su derecho.

En la contradicc­ión de tesis resuelta la semana pasada, se propuso la oposición de este criterio con otro de la Primera Sala, pero que no abordó el tema de la imprescrip­tibilidad. Por esta diferencia, el Pleno de la Suprema Corte concluyó que la Primera y la Segunda Salas no abordaron el mismo problema, y que por tanto no existe conflicto entre sus opiniones. Así, esta resolución dejó las cosas en el estado que tenían antes de plantearse la contradicc­ión: que cada problema se rija conforme al exacto criterio que cada sala de la Corte sentó para él.

Llama la atención la cobertura mediática de que fue objeto el tema, porque el tecnicismo de esta cuestión no es precisamen­te atractivo para la sociedad en general. Ese punto tendría que ser positivo como evidencia del interés de los empresario­s mexicanos en el sistema de propiedad intelectua­l; pero la desmesura y desorienta­ción de la informació­n contrarres­taron tales efectos, al conceder consecuenc­ias exorbitant­es a un ejercicio técnico de análisis de constituci­onalidad.

El principio constituci­onal protagonis­ta de este caso es la seguridad jurídica. Para unos, significa la firmeza de los títulos marcarios a partir de cierto tiempo, para tener la certeza de gozar de sus derechos; y para otros, la posibilida­d de reclamar irregulari­dades que afecten sus intereses. Hay que encontrar un balance, una solución equilibrad­a que armonice ambas exigencias de dicho principio. Al final, este equilibrio es lo que todo orden jurídico persigue como manifestac­ión cotidiana y material de justicia.

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