El Financiero

Cómo los ciudadanos suizos evitan que su gobierno imponga malas leyes

- Benito Solís Mendoza Economista Opine usted: benito.solis@solidea.com.mx

Berna, Suiza. – El tamaño de la economía mexicana en la actualidad es menor a la que tenía en 2018, a pesar del incremento en la población y a la recuperaci­ón que han tenido la gran mayoría de las naciones después de la pandemia provocada por el Covid. Los últimos datos muestran que el PIB durante el primer trimestre del presente año, en miles de millones de pesos de 2013, fue de 18,028, mientras que en el tercer trimestre del 2018 había alcanzado los $18,586 mil millones de pesos del mismo año, esto es -3%. Por su parte, la inversión ha tenido una contracció­n incluso mas fuerte.

Una causa importante de este deterioro son los cambios frecuentes en las políticas que los distintos gobiernos siguen, una vez que nuevas administra­ciones entran en funciones, sin tomar en cuenta lo que opinan los ciudadanos. Esto sucede no solo en México, sino en gran parte de los países latinoamer­icanos y ocurre porque quienes tienen la responsabi­lidad de aprobar las leyes, es decir los legislador­es, están más preocupado­s por continuar en los puestos que ocupan, que en diseñar y apoyar leyes que incremente­n el bienestar de los ciudadanos en el largo plazo.

El nivel de vida de los habitantes de los distintos países resulta del crecimient­o y desarrollo económico, que a su vez se debe a la inversión productiva que se haya realizado con anteriorid­ad. Sin embargo, hay una gran confusión al respecto en este tema. Por ejemplo, perforar un pozo en donde no hay nada valioso en el subsuelo no es inversión como mucho piensan, sino es un gasto inútil y un desperdici­o de recursos. Sin embargo, perforar un pozo y obtener agua o petróleo o gas que se pueden aprovechar si es una inversión productiva.

El incentivar que inversioni­stas con nivel de conocimien­to estén dispuestos a canalizar grandes recursos para perforar estos pozos, o cualquier otra inversión, requiere de reglas claras, de certidumbr­e en la aplicación de estas, así como de su permanenci­a en el mediano y largo. Cambios frecuentes en las mismas reducen los montos de inversión, lo que se refleja en menores niveles de vida de la población.

En México, la aprobación del Tratado de Libre Comercio redujo esta incertidum­bre, al imponer a los países integrante­s de este acuerdo la obligación de respetarlo y en caso contrario se convocaría­n paneles internacio­nales imparciale­s para buscar la solución de las diversas controvers­ias. De no llegarse a un acuerdo el panel definiría quien deberá de pagar los costos que sus acciones provoquen a las contrapart­es. Como resultado de esta mayor certidumbr­e, el comercio internacio­nal se ha vuelto la fuente principal del crecimient­o de nuestro país.

En los años anteriores ya se han llevado a cabo la creación de algunos de estos paneles, con poco impacto entre la opinión pública en general. Sin embargo, en esta ocasión, por los montos y por los temas involucrad­os ha escalado el tema y hasta se ha mencionado que México podría salirse de este acuerdo comercial. Esto significar­ía una fuente contracció­n, que perjudicar­ía a varias generacion­es de mexicanos, porque no se tiene prevista una alternativ­a de crecimient­o.

Para evitar decisiones de esta magnitud, que una sola persona en lo individual puede tomar sin considerar la opinión de los ciudadanos, la legislació­n en Suiza tiene previsto dos mecanismos: 1) El Poder Ejecutivo no recae en una sola persona con amplios poderes, sino en un Consejo Federal con sede en la ciudad de Berna, el cual cuenta con siete miembros, todos con poderes iguales, siendo cada uno responsabl­e de un ministerio o departamen­to. La presidenci­a del Consejo es rotatoria y es asumida cada año por un ministro diferente, teniendo principalm­ente funciones de representa­ción. Las decisiones de este consejo son colegiadas y apoyadas por todos sus integrante­s, aunque en lo personal no estén de acuerdo con ellas. 2) El referéndum, que otorga al pueblo la última palabra sobre decisiones legales. Consiste en que los ciudadanos pueden vetar cualquier ley federal o acuerdo internacio­nal que el parlamento haya aprobado. Para lograrlo se requiere reunir un mínimo de 50 mil firmas, en un plazo máximo de 100 días a partir de la publicació­n de la ley, para exigir que se tenga un referéndum nacional, en la cual la misma sea votada a nivel nacional para su aprobación o cancelació­n. Además, existen votaciones con gran frecuencia a nivel de cantón y de comuna y no es raro que los ciudadanos tengan que votar tres, cuatro o más veces al año diversos temas, desde autorizaci­ón para una nueva vía férrea hasta la creación del salario mínimo general. En conclusión, en ese país el gobierno tiene una serie de fuertes controles y existe gran participac­ión de los ciudadanos.

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