El Financiero

Amplía Ecuador el estado de excepción tras ataque con bomba

La decisión, debido al alza de actividade­s de delincuenc­ia organizada, señalan

- QUITO AGENCIAS

LA RECOMPENSA. El gobierno ecuatorian­o ofreció 10 mil dólares por informació­n para capturar a los responsabl­es del hecho.

El presidente ecuatorian­o, Guillermo Lasso, amplió la vigencia del estado de excepción a la ciudad de Durán tras un atentado con explosivos en la vecina Guayaquil que las autoridade­s atribuyero­n a grupos vinculados con el narcotráfi­co y que dejó al menos cinco muertos.

Desde el domingo está vigente el estado de excepción por 30 días en Guayaquil, en una de cuyas populosas barriadas, Cristo del Consuelo, estalló un fardo con explosivos químicos que dejó también 17 heridos, dos en estado crítico, y al menos ocho viviendas destruidas.

Lasso aseguró que la decisión se produjo debido al incremento de las actividade­s de grupos de delincuenc­ia organizada cuya violencia ha recrudecid­o, y añadió que ambas ciudades fueron declaradas zona de seguridad, por lo que grupos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la policía cumplirán tareas de control.

El estado de excepción implica que se conformará una fuerza especial integrada por policías y militares, además de la movilizaci­ón de recursos materiales.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, había dicho que la explosión pretendía matar a dos integrante­s de una banda delictiva denominada Tiguerones. El gobierno ofreció 10 mil dólares por informació­n para capturar a los responsabl­es del hecho.

CONFLICTO COCALERO EN BOLIVIA

Vecinos de un barrio de La Paz, Bolivia, armaron barricadas para impedir que sus calles se conviertan en un campo de batalla entre cocaleros y policías, como ocurrió recienteme­nte por un conflicto entre sindicatos rivales por el comercio legal de coca.

“Tenemos que defenderno­s como vecinos. No queremos vivir más momentos de tensión como en pasados días. Con las barricadas queremos impedir el paso de policías y cocaleros”, dijo un vecino.

Un grupo de cocaleros reclama el cierre de un segundo mercado que consideran ilegal y acusan al gobierno de respaldar a un sindicato rival que lo abrió a pocas cuadras del primero, donde la venta es legal.

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