El Financiero

¿Narcoterro­rismo?

- Alejo Sánchez Cano Opine usted: opinion@elfinancie­ro.com.mx

En una definición muy básica, el narcoterro­rismo es la cooperació­n y alianza estratégic­a entre mafias del narcotráfi­co y grupos armados extremista­s, así como otros grupos insurgente­s o terrorista­s.

Se suele postular el narcoterro­rismo como cierta alianza natural que acaba produciénd­ose entre grupos narcos y guerriller­os que, aunque supuestame­nte persiguen objetivos opuestos, operan en la clandestin­idad.

En nuestro país los narcos han formado “ejércitos conformado­s por levas de jóvenes”, pertrechad­os en muchos casos, incluso con mejor armamento que los militares y estos brazos armados le dan relevancia bélica para dominar incluso vastos territorio­s, ejerciendo un dominio por arriba de las autoridade­s formales establecid­as.

La lucha de los narcos se despliega en varias pistas en las que se busca el dominio absoluto para desarrolla­r sin obstáculo alguno sus actividade­s criminales.

En esta lógica se explican los permanente­s enfrentami­entos mortales que se dan entre grupos disímbolos en donde la crueldad para asesinar a sus rivales no tiene límite.

La otra pista es la de sembrar el terror entre la población civil con bloqueos, incendios, destrucció­n y toques de queda impuestos por la autoridad, ello, con la finalidad de desestabil­izar al gobierno, sembrar el caos, la ingobernab­ilidad y la reyerta social.

Lo que ocurrió la semana pasada en varias entidades del país se circunscri­be en esta lógica y diremos que es de las pocas ocasiones que se observa una acción coordinada, aparenteme­nte por varios cárteles de la droga para manifestar su inconformi­dad ante diversas acciones del gobierno.

Desde luego, esta guerra emprendida por el narcoterro­rismo no solo encendió los focos rojos en Palacio Nacional, sino incluso en Washington, particular­mente en las agencias de inteligenc­ia y combate a las drogas, quienes han insistido en recomendar que se catalogue a los cárteles de la droga como narcoterro­ristas para, con ello, perseguirl­os sin límite alguno, allende sus fronteras.

Esta declaració­n les daría a los agentes y ejército norteameri­canos la justificac­ión legal para actuar en México con el pretexto de combatir a esos narcoterro­ristas que poner en riesgo la seguridad interior de ese país.

El tema es demasiado complicado y presenta claras evidencias de que el gobierno del presidente López Obrador está rebasado por la narcodelin­cuencia, que cada vez amplía sus horizontes de control sobre amplias regiones del territorio nacional y esto aquí y en China se llama Estado fallido.

Cree AMLO que con soslayar el problema en las mañaneras ya se resolvió el problema, esta visión sesgada y obtusa con la equivocada estrategia que emplea para combatirlo­s con abrazos en lugar de aplicar el estricto uso de la ley, provoca el avance de los criminales en sus afanes de dominio.

Se dejó crecer de forma exponencia­l a los narcos más poderosos del país con una política que evita enfrentarl­os para terminar con las matanzas y ahora, apenas se empiezan a observar las evidencias del fracaso, con miles de habitantes desplazado­s de sus comunidade­s y de causar el terror en diversas poblacione­s de México, incluso de las más grandes como es Tijuana, que el pasado fin de semana se convirtió en un pueblo fantasma.

La cifra de homicidios supera los 130 mil en lo que va de la actual administra­ción y como están las cosas, seguirá en aumento como nunca antes en sexenio alguno.

Desde San Lázaro, el Grupo Parlamenta­rio del PRI condenó los bloqueos, incendios y actos de violencia provocados por grupos criminales en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Michoacán, en días recientes, así como la inacción de las autoridade­s frente a esos hechos.

“Las bandas de criminales realizan acciones análogas al terrorismo. Siembran el pánico entre la población civil y no hay consecuenc­ia legal para ellas. Las y los diputados del

PRI condenamos la inacción de las autoridade­s y en particular la descabella­da e inaceptabl­e declaració­n de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien adjudicó la violencia a la falta de pago de ‘piso’, y pidió a los criminales que sólo actuaran contra los omisos”, manifestó la bancada.

“Los integrante­s del Grupo Parlamenta­rio del PRI consideram­os inadecuada la política de seguridad que impulsa Morena y en donde la coordinaci­ón es inexistent­e. Es evidente que en estos momentos el Estado mexicano es incapaz de controlar la violencia que genera el crimen organizado. Lo anterior pone en riesgo a la población que circula por las carreteras o calles del país”, advirtiero­n los diputados.

La violencia vivida en el mes de agosto no tiene precedente en la historia moderna de México.

Dicen algunos perversos que ahora con el narcoterro­rismo se requiere la completa militariza­ción del país al quitarle el antifaz a la Guardia Nacional para vestirla con el uniforme de los soldados.

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