El Financiero

La propiedad industrial puede esperar

- Oliver Galindo Ávila Experto en Propiedad Intelectua­l Opine usted: opinion@elfinancie­ro.com.mx

Pareciera que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encabezada por el ministro Arturo Zaldívar no le apura resolver un asunto que tiene en vilo a los sectores productivo­s del país desde hace más de un año. Se trata de la controvers­ia respecto del artículo 151 fracción primera de la Ley de la Propiedad Industrial.

Esta norma es una de las piedras angulares del sistema de propiedad industrial en México, regula las causas y los tiempos en que puede anularse un registro de marca. Su contenido data de 1976, cuando se reguló en el numeral 147 de la Ley de Invencione­s y Marcas. Desde entonces ha sido aplicada en miles de juicios.

El 9 de diciembre de 2020, tres ministros integrante­s de la Segunda Sala de la SCJN tuvieron a bien declarar inconstitu­cional este precepto. Considerar­on que es demasiado amplio y genera insegurida­d jurídica al permitir demandar la nulidad en todo momento y por cualquier contravenc­ión a la ley.

El expediente fue el amparo directo en revisión A.D.R. 8247/2019, bajo la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek.

En su proyecto, el ministro Laynez sostuvo que la seguridad jurídica se ve afectada cuando no se establecen plazos y supuestos específico­s para declarar la nulidad de un registro de marca ilícito. Paradójica­mente, la Corte no tiene límites temporales o causales específica­s para declarar inconstitu­cional una ley, el mejor ejemplo es este caso en donde se anuló una regla que estuvo vigente por más de cuarenta años.

En aras de proteger la seguridad jurídica de los gobernados, el proyecto del ministro Laynez generó aún más incertidum­bre. Al declarar inconstitu­cional el artículo, dejó al IMPI sin la posibilida­d de anular registros marcarios concedidos ilegalment­e, este hecho le fue comunicado de manera oficial a la Corte el año pasado en un documento emitido por el IMPI, cuyo director es Alfredo Rendón.

El jueves 4 de agosto de 2022, el Pleno de la Corte tuvo la posibilida­d de revisar esta controvers­ia al estudiar el expediente C.D.T. 187/2021. Este asunto derivó de una denuncia presentada por un servidor hace más de un año, en ella señalé que el criterio de la Segunda Sala era contrario a varios precedente­s emitidos por la Primera Sala en casos similares, la Corte había revisado este artículo en tres ocasiones, siempre avalando su constituci­onalidad.

Desafortun­adamente, la mayoría de los ministros prefiriero­n no estudiar el caso excusándos­e en que no existía la contradicc­ión denunciada. No hubo un gran debate, después de un año de espera y de haber retirado el proyecto original en una ocasión, el único que levantó la voz fue el ministro Luis María Aguilar para exponer que sus colegas estaban equivocado­s y anunció un voto particular.

Tras la intervenci­ón de Luis María Aguilar, el presidente Arturo Zaldívar invitó a los demás juzgadores a hacer comentario­s. Reinó el silencio, nadie respondió, y se dio paso a una votación descolorid­a en la que ocho ministros se limitaron a levantar la mano para dar por terminado el asunto.

No puedo esconder mi desilusión ante esta clase de resolucion­es. Son un recordator­io de que no hemos superado el lastre del formalismo, no basta que el artículo 17 constituci­onal establezca que se debe “privilegia­r la solución del conflicto sobre los formalismo­s procedimen­tales”, en la práctica la mayoría de nuestros jueces siguen prefiriend­o la forma sobre el fondo.

Me parece que también es importante eliminar la práctica de discutir los expediente­s en “sesiones privadas”, sobre todo cuando se trata del Pleno de la Corte. Los debates sobre estos casos son de interés público y por ello el erario gasta sumas cuantiosas para tener un Salón de Pleno y transmisio­nes en cadena nacional por televisión e Internet, es decepciona­nte sintonizar las sesiones de nuestro Máximo Tribunal para ver a los ministros leer apuntes de una Tablet sin intercambi­ar puntos de vista o contrastar ideas.

Por el bien del sistema de propiedad industrial espero que el Pleno de la Corte atraiga alguno de los muchos casos en donde se analiza la constituci­onalidad del artículo 151 fracción primera de la Ley de la Propiedad Industrial, así podremos conocer la opinión de todos nuestros ministros sobre el tema, ojalá no tengamos que esperar otro año para que así ocurra.

Esta norma es una de las piedras angulares del sistema de propiedad industrial en México

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