Salgamos de la trampa
El debate político sobre la militarización del país nos ha puesto en el terreno de la confusión y la manipulación, originada, se puede argumentar, por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su maquinaria de propaganda que ha sido, por lo que se aprecia demoscópicamente, muy eficiente en transmitir mensajes maniqueos. La mentira como método para construir el consenso de gobierno y permitirle al Presidente seguir transfiriendo su responsabilidad en materia de seguridad a terceros. La fotografía más fresca del fenómeno nos la regaló ayer El Financiero, con una encuesta sobre la militarización de la seguridad pública.
La pregunta clave es si se estaba a favor o no de que la seguridad pública quede en manos de los militares, en el contexto de la polémica adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El 46% dijo que sí, y 46% dijo que no. ¿Está partido el país? Quizá conceptualmente, porque si bien 40% (seis puntos más que el mes pasado) preferiría un mando civil al frente de la Guardia Nacional, 53% (un punto menos que el periodo anterior) quiere un mando militar.
La Guardia Nacional es civil en la ley, pero militar en los hechos desde su creación. La encabezan generales que responden a las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, no de la Secretaría de Seguridad Pública, donde formalmente está integrada. La gran mayoría de sus elementos son soldados. La doctrina es militar. La capacitación también. Lo que aún no tiene es que en Lomas de Sotelo tengan la atribución para ejercer plenamente la disciplina castrense y, algo que ni siquiera es parte de la discusión, que respondan al fuero militar.
No obstante que esto ha sido tema de debate público, se ha mantenido como una discusión entre las élites, donde el Presidente está dispuesto a no dar cuartel. El anuncio de esta semana de que prepara extender las reuniones del gabinete de seguridad y las mañaneras al sábado, no está inspirado en la necesidad de atender los temas de la inseguridad. De hecho, si piensa uno algunos segundos sobre cuál ha sido el resultado de tener diariamente una reunión del gabinete de seguridad contra el número de homicidios dolosos, la conclusión fácil es que ha sido un fracaso. Tres años de este sexenio pertenecen al grupo de los cuatro más violentos en la historia moderna de México.
Las reuniones de ese gabinete y las mañaneras no cumplen el propósito promocionado, pero le dan combustible al discurso presidencial. Extenderlas al sábado, como él mismo lo explicó, es para evitar que sus opositores y sus críticos tengan el fin de semana libre para criticar al Presidente y sus acciones (o inacciones). No es la seguridad lo importante, sino la narrativa, que requiere para evitar que el consenso para gobernar, que construye todos los días, sea horadado, como aparentemente es lo que está sucediendo y explica el porqué quiere ocupar nuevos espacios el fin de semana.
El Presidente necesita mantener su estrategia contenciosa, que es la forma como siempre ha buscado fortalecerse a costa de debilitar a sus adversarios. Lector cuidadoso de las encuestas, la de El Financiero debe haberle reforzado su obcecación para que se reforme la Constitución a fin de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, al ver la oportunidad de victoria frente a una opinión pública que mayoritariamente no ve segundos planos.
Cuando se creó este nuevo cuerpo para que remplazara a la Policía Federal, quedó plasmado que iba a tener un carácter civil. Así lo aprobó Morena en las cámaras y así firmó la ley el Presidente. ¿Por qué cambió de opinión en tres años? López Obrador no lo ha explicado –y debería–, pero ha dicho que no quiere que el próximo gobierno la desaparezca, como él hizo con la Policía Federal. Es un trasfondo político, no la búsqueda de la mejor política pública.
Con la retórica política, López Obrador ha venido planteando a la gente, con otras palabras, un dilema shakespeariano: o entran totalmente los militares a la seguridad pública, mediante la adscripción de la Guardia Nacional, o el infierno. La sociedad no termina de procesar que no va a cambiar nada si la Guardia Nacional se vuelve en una rama del Ejército o no, por la sencilla razón, como se ha explicado en este espacio, que la instrucción del Presidente es la de no combatir a criminales. La Guardia Nacional tiene como principal propósito el despliegue territorial –cuatro veces más que el que tenía la extinta Policía Federal–, cuyo objetivo es inhibir, lo que ha logrado marginalmente, porque al tener órdenes de no confrontar, lo que subyace es la impunidad.
Hemos estado demasiado tiempo inmersos en una discusión estéril, porque no conduce a reducir la violencia, y en una polarización donde lo importante no es la gente, sino el pleito electoral. Esto no va a modificarse hasta que cambien los términos de la discusión con un nuevo marco de referencia, lo que se puede concretar si la Suprema Corte de Justicia resuelve sobre tres controversias constitucionales.
Las controversias fueron promovidas en 2020 por el gobierno de Michoacán, el municipio de Colima y la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra del acuerdo presidencial que permite a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” hasta el 27 de marzo de 2024. Dos años en el limbo esa controversia, en el contexto actual, es inaceptable.
La Primera Sala presentó en su momento un proyecto donde se reconocía la validez del acuerdo, pero determinó remitir el tema al pleno por su trascendencia. El asunto lo tiene la ministra Margarita Ríos Farjat, y es probable que presente el próximo lunes su proyecto de resolución al pleno. En la discusión y fallo de la Corte está la solución al debate político sin sentido que tenemos. La Corte no puede fallarle a la nación, aunque se enoje el Presidente.
Hemos estado inmersos en una discusión estéril, porque no conduce a reducir la violencia
... y en una polarización donde lo importante no es la gente, sino el pleito electoral