Participación ciudadana
En el marco de las discusiones actuales sobre el combate a la corrupción y gobernanza, la rendición de cuentas es un tema frecuente. La misma es una característica fundamental de la gobernabilidad y un principio de la vida pública, un mecanismo de control del poder público que genera confianza entre la ciudadanía y el Estado.
La rendición de cuentas obliga a informar de las propias acciones, la capacidad de explicarlas, asumir una responsabilidad y tener la posibilidad de expresar los motivos o las razones por las que se realiza una acción.
Esto implica que existe un agente y un foro, que le exige una explicación. En esta relación, el agente tiene la obligación de explicar y justificar sus decisiones, tiene el derecho de cuestionarlas, evaluarlas y, en su caso, imponerle una sanción cuando éstas no se adapten a las normas.
Así, la rendición de cuentas forma parte esencial de la democracia, entendida como el poder del pueblo, ya que los gobernantes tienen la obligación de responder por sus decisiones cuando son cuestionados por los ciudadanos y por las instituciones del Estado con facultades para ello. Esto supone que los ciudadanos cuentan con los elementos necesarios para evaluar el ejercicio del gobierno y cómo ha respondido a las necesidades e intereses de la ciudadanía.
La rendición de cuentas tiene tres dimensiones. Una, la vertical, que se ejerce en las elecciones, cuando los ciudadanos otorgan su voto a uno u otro partido político. La segunda, es la horizontal, a cargo de otras instituciones gubernamentales, facultadas para investigar y sancionar a los servidores públicos por una conducta indebida. La tercera, la diagonal, es también ejercida por los ciudadanos, quienes pueden acudir a diversas instituciones gubernamentales para obtener un mejor control de la acción gubernamental y se involucran en la creación de políticas, presupuestos y el control de los gastos públicos.
Las Entidades de Fiscalización Superior forman parte de la dimensión horizontal de la rendición de cuentas, son el órgano de control externo cuya labor es velar por la legalidad y la regularidad de las operaciones financieras y administrativas del gobierno, considerando su utilidad, economía, eficacia y eficiencia. Pero, además, a través de sus informes de auditoría, brindar información objetiva y confiable a la ciudadanía para que participen en los procesos de toma de decisiones públicas.
Es por esa razón que las Entidades de Fiscalización Superior han procurado poner a disposición de la ciudadanía información útil y accesible, aprovechando las ventajas que brindan las nuevas tecnologías, e incluso, estableciendo canales de comunicación para realizar una supervisión efectiva y brindar mejores resultados e incrementar la pertinencia y legitimidad de los procesos de auditoría. La participación ciudadana en la fiscalización superior genera un valor agregado, es una sinergia que puede aumentar el impacto de las recomendaciones de auditoría, mejorando la gobernanza y fomentando el desarrollo, así como una mejor satisfacción de las necesidades y el interés general.
Para la ASF, ha formado parte de su esencia desde su creación la información que da cuenta de nuestro trabajo transparente, el Sistema Público de Consulta de Auditorías es la biblioteca histórica que permite dar seguimiento de los resultados de nuestros procesos de fiscalización, además hoy en día se cuenta con una versión ciudadana de las auditorías que destacan los resultados de nuestro trabajo en un lenguaje sencillo y accesible para los ciudadanos.