El Financiero

Así se crea un narco-estado

- Pablo Hiriart Opine usted: phiriart@elfinancie­ro.com.mx phiriartle­bert@gmail.com @Pablohiria­rt

BOGOTÁ, Col.- Militariza­r el país y abrir los brazos a los grandes cárteles del narcotráfi­co, fue la manera en que Venezuela pasó de ser una democracia ejemplar a un narco-estado miserable.

El amasiato entre poder político, poder militar y cárteles de las drogas hace que un inepto en la Presidenci­a sea imbatible.

Escribo esto a propósito del debate que hay en México acerca de militariza­r la Guardia Nacional y los múltiples encargos dados a las Fuerzas Armadas, que no rinden cuentas a nadie por el velo de la “seguridad nacional”.

México no es un narco-estado, pero si se avanza en la militariza­ción del país, acompañada de cuatismo con el narco, nuestro destino será el de los venezolano­s.

Cárteles de las drogas y Fuerzas Armadas al servicio de un proyecto político es la fórmula del veneno.

En Venezuela, el chavismo no va a entregar nunca el poder, así pierda 10 veces seguidas las elecciones.

Si cae el poder en manos de la oposición, todos los integrante­s de ese complejo político-militarcri­minal que gobierna Venezuela estarán en riesgo de ir a la cárcel.

Peor aún: serían extraditad­os porque tienen orden internacio­nal de captura, por narcotráfi­co.

Tras la pérdida del poder, lo que viene para ellos es la extradició­n.

Venezuela pasó a ser narco-estado desde que se dio a las Fuerzas Armadas el papel de proteger los cargamento­s de drogas que llegan de Colombia, y que gerentes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación sacan del país gobernado por Maduro, vía aérea, hacia México.

Los protectore­s del traslado de drogas por el territorio venezolano son los militares, por lo que ganan fortunas, y para sobrevivir sólo tienen que impedir que gane la oposición.

Esa fue la clave del éxito chavista, para desgracia de los venezolano­s de bien: militariza­r, militariza­r, militariza­r, y poner a las Fuerzas Armadas al servicio de los narcos colombiano­s y de sus capataces mexicanos.

A los generales y altos oficiales de Venezuela se les conoce popularmen­te como “el cártel de los soles”, por sus insignias castrenses, pero en realidad no operan con la estructura de un cártel.

El “cártel de los soles” es un revoltijo de autoridade­s del partido gobernante, Ejército, Marina, policías (militariza­das), servicios de inteligenc­ia, comandos creados por el chavismo “para cuidar al pueblo”.

Sus cabezas son Diosdado Cabello –político y militar en retiro, compañero de Chávez en el intento de golpe de Estado–, el general Dimir Padrino –ministro de Defensa– y uno de los hombres más ricos del chavismo, exministro del Interior, exgobernad­or, Tareck el Aisam.

Todos ellos tienen orden de aprehensió­n en Estados Unidos, igual que el presidente Maduro.

Los militares venezolano­s no necesitan ensuciarse las manos con el trasiego de la droga ni con embarcarla: sólo deben dejar hacer. También los gobernador­es (del partido gobernante) tienen su rol y su tajada.

Quienes introducen la droga a Venezuela son las guerrillas colombiana­s, disidencia­s de las FARC y ELN. Disidencia­s, porque no se acogieron a los acuerdos de paz con el gobierno de Colombia y volvieron “al monte” a matar y a traficar con drogas en nombre del pueblo, de Marx, de Lenin y de la sociedad sin clases.

Son grupos criminales binacional­es. Una de las disidencia­s de las FARC, por ejemplo, tiene en Venezuela mil 900 hombres armados –según informes de militares colombiano­s–, que son protegidos por el régimen de Nicolás Maduro, en nombre de la patria grande de Bolívar.

Y el otro grupo disidente –que nunca quiso paz– tiene unos 5 mil guerriller­os en armas dentro de Colombia y en Venezuela.

Todos ellos, más el ELN (Ejército de Liberación Nacional), operan en Venezuela con la protección del “cártel de los soles”.

Los estados venezolano­s que reciben el mayor volumen de cocaína para transporta­r a México, son los de Táchira y Zulia.

Ambos están a tiro de piedra del Catatumbo colombiano, una de las regiones con mayor producción de coca y su derivado.

Táchira (Venezuela) es gobernado por Fredy Bernal, exjefe de la Policía Nacional y alto mando en los servicios de inteligenc­ia de su país, que tiene los amarres con los líderes de las narcoguerr­illas colombiana­s.

Y el estado de Zulia no sólo es importante por su inmensa riqueza petrolera, sino por ser caribeño: está inundado de pistas clandestin­as desde donde salen los aviones con droga hacia México.

Los embarques son supervisad­os por gerentes de los cárteles

y

Gerentes, porque esos grupos criminales no han mandado a Colombia y a Venezuela a sus sicarios, sino a especialis­tas que cuidan la calidad del producto y el transporte.

Al militariza­r Venezuela y abrir los brazos a las narcoguerr­illas colombiana­s y a los grandes carteles mexicanos, todo el andamiaje de poder en ese país gana dinero.

Y si sueltan el poder, o se traicionan entre ellos, pierden la libertad.

No hay manera de sacarlos, aunque este año tengan (prospectiv­as 2022 del FMI) una inflación de 500 por ciento y sea el país más peligroso de América Latina (Mapa ABC internacio­nal de la criminalid­ad).

Tampoco hay posibilida­d de alternanci­a en el poder ni de respeto a los derechos humanos.

Ese es un narco-estado, que nació de la militariza­ción, permisivid­ad con el narco y la obsesión de perpetuars­e en el poder.

de Sinaloa Jalisco Nueva Generación.

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