Una fiscalía autónoma, clave para la justicia: CIDH
La relatora Esmeralda Arozamena avisa: “Se le dará seguimiento al fiscal del caso”
El cambio de titular de la Unidad del Litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) afecta el proceso de búsqueda de justicia y puede comprometer la legitimidad de la investigación, dijo Esmeralda Arozamena, relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al presentar el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, Arozamena advirtió que, si los nuevos fiscales que investigan el caso no tienen independencia, no habrá justicia.
Desde la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y frente a los padres de los normalistas desaparecidos, recordó que hace apenas unas se
manas la CIDH “levantó banderas de alerta” sobre eventos que estaban afectando la autonomía e independencia de los integrantes de la Unidad de Litigación de la FGR.
Dijo que la solicitud anticipada de una orden de aprehensión contra Jesús Murillo Karam y la cancelación de 21 órdenes de captura, algunas contra militares, constituyó una intromisión grave a la independencia de la unidad. Señaló que ello no sólo ocasionó la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, sino un consecuente retroceso en la investigación, y representa un grave riesgo en el camino para llegar a la verdad y la justicia.
Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH, se refirió a la designación de Rosendo Gómez Piedra como fiscal del caso. Dijo que su responsabilidad es mayor, por lo que se le dará seguimiento al trabajo que realice.
“La comisión no puede hacer más de su mandato, no puede interferir (en la designación de funcionarios), pero no va a hacer menos, y eso implica un seguimiento a cada uno de los componentes de investigación”.
Arozamena evidenció también el impacto que ha tenido la revelación del informe de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa (Covaj), que encabeza Alejandro Encinas, donde se incluyó información no corroborada y cuyo valor probatorio fue cuestionado.
Dijo que su inclusión en el informe “impacta en la cuidadosa labor que la Covaj estaba teniendo para no presentar conclusiones adelantadas”. Sobre la búsqueda de los normalistas, señaló que ésta se debe realizar bajo los estándares interamericanos en materia de derechos humanos.
Aseguró que, si bien hay avances significativos y positivos en la investigación, el Estado debe generar evidencia para demostrar jurídicamente el caso Ayotzinapa y la existencia de un contexto estructural preexistente de violencia criminal en Guerrero, “contexto que continúa y debe atenderse”.
Mantilla completó: “El caso Ayotzinapa no es un caso aislado, es un caso que se enmarca en una situación estructural de violación a derechos humanos y desaparición”.
DAVID SAÚL VELA