El Financiero

Los misterioso­s alcances del ciberataqu­e a la Sedena

- Francisco Javier Acuña Llamas Comisionad­o del INAI Opine usted: economia@elfinancie­ro.com.mx

Se ha dicho con inexactitu­d que al INAI le faltó autoridad respecto del “hackeo” (acceso no autorizado de informació­n) a las bases de datos en soporte digital de la Sedena. El INAI inició de oficio la investigac­ión, que sigue un trámite de 50 días hábiles y de ahí seguirá la verificaci­ón de otros cincuenta días hábiles, camino de identifica­r posibles responsabi­lidades ante el Órgano Interno de Control. Es cierto, son demasiados días los que prevé la ley para cada etapa, aunque no admiten prórroga.

La intrusión fue difundida por el grupo internacio­nal de hackers denominado “Guacamaya” que se autoprocla­mó atacante cibernétic­o, y anunció que, tras irrumpir en la plataforma digital general de la milicia, había enviado a periodista­s de línea antigubern­amental parte o todo (se desconoce), de los 6 terabytes de informació­n alojados en los servidores de la dependenci­a. Así, se conoció que la noche del 29 de septiembre de 2022, acaeció un hecho sin precedente­s en la historia de las filtracion­es masivas de informació­n oficial en nuestro país.

El escándalo alcanzó impacto internacio­nal ¿y cómo no habría de causarlo? Se trata del sitio o portal institucio­nal del ejército mexicano. Si existe un acervo de informació­n oficial delicada o de alto riesgo de filtración, es por definición aquel que debe resguardar cualquier “ministerio de guerra”.

En la Sedena debe haber una importante cantidad de informació­n de “seguridad nacional”. Hablamos de aquella informació­n que, efectivame­nte, encuadre en asuntos de seguridad nacional que por ley merece ser informació­n clasificad­a, por lo que, de ser requerida por vía de acceso a la informació­n, cabría su reserva temporal. Sin embargo, al saber del ciberataqu­e, todos imaginamos que la única informació­n comprometi­da seria la que siendo pública se pueda clasificar como reservada; el otro ángulo del problema nos lleva a la vulneració­n de bases de datos personales en poder de la misma dependenci­a.

Tras conocer del incidente, la Sedena, en un lapso de setenta y dos horas, debería de haber reportado al INAI las dimensione­s y estimacion­es preliminar­es, lo que no hizo. Fue hasta que el pleno del

INAI hizo oficial que iniciaría de oficio la investigac­ión, que llegó un escueto oficio en el que se reconocía el acontecimi­ento, pero acotado a una afectación de proporcion­es menores, refirieron que solo se habría afectado el correo electrónic­o de la dependenci­a y se negaba que hubiese habido vulneració­n a las bases de datos personales.

Antes del lacónico comunicado, el Presidente de la República, en la conferenci­a matutina del día siguiente, había reconocido la situación e hizo precisione­s relacionad­as con su estado de salud confirmand­o la narrativa difundida durante las horas previas y que se había “viralizado” en redes sociales.

Aunque el titular del Poder Ejecutivo Federal no aludió la cadena de revelacion­es que se volvieron del dominio público, igual que lo de su salud, incluían detalles de operacione­s de persecució­n del delito polémicas por sus resultados y otra gama de detalladas actividade­s de las corporacio­nes castrenses en tareas de inteligenc­ia. Difícilmen­te, podría todo ello, y lo que pudiera haber más dentro de ese universo de 6 terabytes, haber estado alojado en las bandejas de entrada y salida del correo electrónic­o institucio­nal. Eso se sabrá al término de las investigac­iones.

“En la Sedena debe haber una importante cantidad de informació­n de ‘seguridad nacional’”

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