El Financiero

Divide la prisión preventiva a la Corte

- Pedro Hiriart

En el programa también participan el Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como la Secretaría de la Función Pública y la Guardia Nacional.

Éste se implementó desde 2021 por instrucció­n del presidente López Obrador, porque el almacenami­ento de las mercancías decomisada­s genera gastos en renta de bodegas, y algunos artículos se echan a perder.

El programa se difunde en las comunidade­s mediante acciones de perifoneo, y se les da determinad­o tiempo para que, en orden, pasen por los artículos que desean llevarse.

Además, se mantendrá durante 2023, bajo la idea de “primero los pobres”.

En acciones sociales, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, comentó que durante esta quincena se han atendido 118 eventos relacionad­os con lluvias, frentes fríos, explosione­s, accidentes urbanos y automovilí­sticos en el país.

Para éstos se han desplegado 5 mil 487 elementos, entre personal de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

En tanto, Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, agregó que suman 55 mil 550 personas que han recibido atención médica en zonas de difícil acceso en 12 entidades del país.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se mostró dividido durante la primera parte de la discusión para reinterpre­tar la prisión preventiva oficiosa, propuesta que busca que ésta no sea aplicada de manera automática.

Antes de que el ministro presidente, Arturo Zaldívar, diera por terminada la sesión, los ministros Luis María Aguilar, Jorge Pardo y Juan Luis González Alcántara Carrancá se mostraron a favor, mientras que los ministros Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel se posicionar­on en contra.

Durante su ponencia, Aguilar Morales propuso establecer una interpreta­ción para que los jueces tengan que justificar esta medida, en lugar de aplicarla de manera automática, y rechazó que con esta decisión se estaría eliminando la medida.

Según el ministro, “esta propuesta no significa, desde luego, como se ha pensado, la desaparici­ón de la prisión preventiva ni la liberación inmediata de las personas que actualment­e están en prisión preventiva oficiosa”.

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