El problema de la oposición
Van los nombres de los que hoy aparecen, según la más reciente encuesta de El Financiero (22/11/22), como los personajes más conocidos rumbo a una eventual candidatura presidencial opositora.
Se enlistan en orden de mayor conocimiento favorable (31%) a menor conocimiento favorable (15%): Luis Donaldo Colosio Riojas, Enrique de la Madrid, Lilly Téllez, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Mauricio Kuri, Margarita Zavala, Alejandro Murat, Santiago Creel, José Ángel Gurría, Ricardo Anaya e Ildefonso Guajardo.
El problema con esos nombres (cualquiera de ellos en teoría va por la alianza opositora, menos Colosio, que iría por Movimiento Ciudadano) es que, en general, le gustan mucho al otrora llamado círculo rojo, pero ¿pueden convocar votos en las clases empobrecidas que hoy AMLO atiende?
Esta encuesta de El Financiero fue levantada entre el 11 y el 12 de noviembre, de forma que si se piensa que la marcha del 13 de noviembre mandó la señal de que la oposición no sólo no está muerta, sino que rumbo a 2024 se ha fortalecido, entonces con más razón hay que revisar qué potencial tienen estos nombres para atraer a votantes que serían susceptibles de cambiar de indecisos, o incluso de morenistas, a votantes opositores.
El país vive deterioro institucional y precarización de los servicios públicos. Una candidatura presidencial opositora tendría que denunciar las pérdidas sufridas en esta administración, y encabezar con empatía efectiva el reclamo por las carencias que afectan a los que menos tienen.
La pandemia y la inflación, ésta con causas no sólo internas, son las grandes coartadas de López Obrador para justificar toda clase de deterioro en la economía, el mercado laboral y los servicios que presta el gobierno.
La corrupción heredada y la podredumbre de un sistema de privilegios, que por fin se busca desmontar, son también poderosas excusas que le funcionan al Presidente para pretextar delicados retrocesos.
Ése es el contexto de la elección de 2024. Por ello, la oportunidad de la oposición pasa por la capacidad de sus eventuales candidatos para convencer a la gente de que hay que reclamar más de lo que tiene hoy, que mínimo se debe volver a lo que tenía (sin perder los nuevos apoyos o becas) antes de 2018.
Esta premisa parte del viejo precepto de que si los cambios se dan paulatinamente –para bien, pero sobre todo para mal– rara vez se toma conciencia de los mismos. Eso nos habría ocurrido estos años.
Ver colapsar el sistema de migración del aeropuerto capitalino –como sucedió ayer– ya no sorprende. Hemos asimilado la idea de que es un milagro que esa terminal aérea no esté peor, por lo que, salvo a los que toque en turno padecer el cotidiano contratiempo del Benito Juárez, se da por perdida la posibilidad de una funcionalidad distinta: mínimamente óptima. Menos aún porque ahora lo dirigen militares, en cuyo caso cuestionar o demandar efectividad se vuelve más complicado.
Y el AICM es, por supuesto, el menos representativo de los ejemplos, pues su disfuncionalidad no afecta (en apariencia) a las capas de votantes que más han perdido servicios, de salud o educativos los más graves, este sexenio.
Para poder hablar de esos retrocesos, de cómo no ver en becas y apoyos monetarios los sustitutos de buen servicio médico y educativo, se requieren candidatas y candidatos con conocimiento de primera mano de esas precariedades, que además tengan credibilidad para cuestionar carencias que no iniciaron en 2018, aunque se hayan agravado desde entonces.
Candidatos muy distintos a los de la lista de El Financiero, donde sobran nombres del pasado que bien poco pueden decir del presente.