La abominable práctica del acarreo

Las manifestaciones, demostraciones o marchas populares de corte cívicopolítico (para exigir, apoyar o protestar en relación con un asunto de interés público) no son algo reciente y menos aún desconocido en nuestro país. El primer acto de esta naturaleza en nuestra historia tuvo lugar al proclamarse la Independencia nacional. Fue la solemne entrada a la Ciudad de México de Agustín de Iturbide al frente del Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821.

No faltará quien afirme que se trató más bien de una especie de desfile oficial o parada militar y no propiamente de un acto cívico. Sin embargo, las crónicas de la época dan cuenta de que se trató de una desbordante manifestación popular, espontánea y entusiasta, mediante la cual los habitantes de la capital de lo que hasta entonces había sido la Nueva España, expresaron su apoyo a la consecución de la Independencia nacional. En la gráfica que aparece en los nuevos billetes de veinte pesos algo se alcanza a apreciar al respecto.

Posteriormente, a lo largo de casi todo el siglo XIX, como resultado de las constantes insurrecciones y revueltas internas, la Ciudad de México fue testigo de no pocas entradas triunfantes de tropas de diversos bandos, pero ninguna con las características de auténtico respaldo popular libremente expresado que tuvo la de septiembre de 1821.

Hasta la del 7 de junio de 1911, cuando a las tres de la tarde Francisco I. Madero entró triunfalmente a la Ciudad de México en medio de un desbordante y genuino apoyo popular, como probablemente –toda proporción guardada– no se ha vuelto a ver. Por cierto, en la madrugada de ese día, que fue miércoles, como a las cuatro y media de la mañana la ciudad “fue sacudida por un terrible temblor”.

¿Podrá alguien imaginar que en esas memorables fechas, la del 27 de septiembre de 1821 y la del 7 de junio de 1911, haya habido acarreados, tal como ahora los conocemos, en el sentido de forzar a asistir a personas, pocas o muchas, contra su voluntad, coercitivamente, para simular apoyo popular a una causa o respaldo a determinado caudillo o movimiento? Ni remotamente.

Ya en el siglo XX las manifestaciones, movilizaciones y marchas de ciudadanos, en particular las de corte electoral, se multiplicaron. Si bien el viejo régimen priista fue muy reacio a tolerarlas en la capital del país y con frecuencia las reprimió de manera violenta, como ocurrió en 1968 y junio de 1971.

Lo anterior viene al caso con motivo de las multitudinarias marchas cívicas realizadas en la capital del país el domingo 13 de noviembre, con la participación de cientos de miles de personas, así como en otras cincuenta ciudades del país, para exigir respeto a la autonomía del INE. Fueron concentraciones de ciudadanos libres que acudieron de manera enteramente voluntaria, nadie los forzó a ir, de hecho cada quien llegó por sus propios medios y como pudo, nadie les pagó o prometió retribución alguna por asistir, nadie recibió torta o refresco –bueno, ni agua siquiera– por estar presente.

Contrariados por esta formidable demostración ciudadana auténticamente libre, los que pretenden tener en sus manos el control del INE han organizado una contramarcha para este domingo 27 de noviembre, con el objeto de hacer una demostración de fuerza. Nadie duda de que acarrearán enormes contingentes. Pero una abrumadora mayoría será de personas forzadas, obligadas a asistir para no poner en riesgo su plaza de trabajo, el apoyo social que reciben o las promesas que les han hecho. Son seres humanos en principio dotados de inteligencia y voluntad libre, pero lamentablemente cooptados, sometidos al infame acarreo, la dádiva humillante o la amenaza salvaje.

En varias ocasiones el difunto periodista Miguel Ángel Granados Chapa, mencionó en su columna la desazón que de niño le causaba ver cómo su padre era cargado en un camión de redilas para ser llevado a Pachuca a manifestar un apoyo político cuyo objeto desconocía. Se trata de una práctica brutal –aunque a algunos les parezca “natural”– que debe ser erradicada.

Triste es la realidad de los acarreados de manera forzada porque su situación no se equipara siquiera a la del mercenario, que voluntariamente hace algo por la paga. Aquéllos ni eso.

Ojalá sea posible documentar bien todos los infames mecanismos que los organizadores pondrán en ejecución en su contramarcha de este domingo 27. Y peor aún: con recursos públicos. Para denunciar con la mayor energía esta deleznable práctica, a todas luces violatoria de los derechos humanos más elementales y exigir su cese definitivo.

[Como seguramente lo anterior se habrá de confirmar, se propone declarar el 27 de noviembre de cada año Día contra la Ignominia Política].