Igualdad de acceso a la justicia para todos
n el marco del Semanario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, celebrado en el Instituto Nacional de Transparencia este 10 y 11 de noviembre, destacadas figuras en materia judicial coincidieron en que la apertura en la justicia es una vía para consolidar y afianzar una cultura de la legalidad democrática. Asimismo, especialistas en materia judicial y legislativa, tanto del ámbito público, la academia, y de la sociedad civil, destacaron el concepto de seguridad nacional y su vinculación con la transparencia como un tema de primer orden para la construcción de un Estado abierto. En ese sentido, las personas panelistas y conferencistas concordaron en la necesidad de llevar a cabo una debida conceptualización constitucional del concepto, a fin de no obstruir el derecho a la información.
Las valiosas deliberaciones del Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, en la diversidad de las temáticas presentadas consideraron la relevancia de los
Eprincipios constitucionales que el INAI comparte con la jurisdicción constitucional y la actividad parlamentaria en México: primero, los derechos humanos como núcleo indisponible de la deliberación democrática; segundo, la ponderación y la proporcionalidad de derechos; y, por último, la transparencia en el debido proceso legal, parlamentario, así como judicial.
La apertura en la justicia y en los procesos parlamentarios son temáticas relevantes en la agenda de los sistemas democráticos y en el fortalecimiento de los Estados de derecho. Pues la justicia y el parlamento abierto son esquemas que favorecen mayor comprensión, conocimiento, confianza y colaboración social.
En el caso concreto de la justicia, el principio de la transparencia, la apertura y la colaboración –como pilares de la justicia abierta–, sustentan un esquema que posibilita que las expectativas y necesidades de los individuos que recurren a la justicia sean escuchados y estén en el centro de las decisiones. Por ello, se considera que la promoción e impulso de este esquema de justicia en la agenda pública, es útil para favorecer un sistema más accesible, asequible y claro para quien busca ejercer sus derechos, o hacer frente a la discriminación.
En esa tesitura, a manera de referencia, vale la pena recordar que en el año 2015 con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se puso en marcha un plan de acción global centrado en las personas, el planeta y la prosperidad. Con el objetivo de no dejar a nadie atrás, esta Agenda, resultado de la consulta abierta y pública con la sociedad civil, plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que deben materializarse en un plazo de 15 años. En esta reflexión me gustaría resaltar el Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas; pues entre sus metas se destaca la 16.3, que busca promover el Estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia para todos. En este objetivo, también se promueve como meta la 16.6, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, así como la 16.10, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales.
Es por todo ello, que promover a la transparencia y la conformación como esquemas que suman la voz de la ciudadanía a los ejercicios jurisdiccionales son condición para contar con un sistema de acceso a la justicia que es más claro para el justiciable y la sociedad en general a fin de que haya una comprensión del proceso desde el comienzo hasta su resolución y que con ello se establezca un sistema más transparente, equitativo, inclusivo y que rinde cuentas. Es mediante la apertura y la transparencia que es posible reducir los espacios para la opacidad, la arbitrariedad y la corrupción en el acceso a la justicia.