¿Resistirán nuestras instituciones?
Adonde uno volteé hay bardas y pendones a favor de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Decenas de millones de pesos se gastan en sus campañas anticipadas. Nadie sabe de dónde sale ese dinero. Los tres precandidatos de Morena viajan, hacen proselitismo, compran entrevistas en los medios, faltan a sus responsabilidades como funcionarios: actividades claramente ilegales pero bendecidas por el presidente, que las alienta.
El ejercicio cotidiano de violar la ley ya no es noticia. Tampoco los gastos con dinero negro.
Si el presidente lo hace, todos sus funcionarios se sienten con derecho de hacerlo. Todos vimos los videos de los hermanos del presidente recibiendo dinero sucio para sus campañas. Si el presidente puede violar la ley impunemente, ¿por qué tendrían que actuar diferente el trío de precandidatos morenistas?
En las consultas populares que ha promovido el presidente tiene prohibido hacer proselitismo a favor de algunas de las posturas, y sin embargo lo ha hecho abiertamente en sus conferencias. Ha emitido decretos pidiéndoles a los maestros que violen la ley. Recientemente instruyó a los funcionarios de su gobierno para que desacaten los fallos de los jueces si ellos consideran que fueron emitidos por corrupción. Aquel apotegma que dice que la ley es dura, pero es la ley, aquí no aplica. Para el presidente la ley es algo chicloso que se aplica a conveniencia.
Al tomar pozos petroleros en Tabasco violaba la ley. Al contender para jefe de Gobierno de la Ciudad de México sin contar con la residencia requerida, violaba la ley. Cuando lo desaforaron como jefe de Gobierno fue por desacatar repetidos fallos judiciales. Cuando tomó Reforma durante meses luego de su fracaso electoral en 2006, lo hizo violando la ley. Como presidente ha dicho en varias ocasiones que para él la justicia está por encima de la ley. La justicia, por supuesto, decretada por él. Utilizó el espionaje financiero y el chantaje para expulsar de su puesto en la Suprema Corte al ministro Medina Mora, en su lugar colocó a la esposa de uno de sus constructores favoritos. “No me vengan con que la ley es la ley”, ha dicho el presidente.
¿Qué nos hace pensar que si alguno de sus precandidatos es derrotado en las urnas en 2024 por un candidato opositor López Obrador respetará los resultados? Hoy mismo tiene bajo acoso judicial, que lo llevó a vivir en el exilio, al que fue su principal contendiente en 2018: Ricardo Anaya. Cuando otro de sus contendientes, José Antonio Meade, se atrevió a mostrar los cálculos que hizo en una servilleta acerca del costo real de suspender las obras de la construcción del aeropuerto, fue llamado de inmediato a presentarse ante las autoridades hacendarias: no volvió a abrir la boca. ¿Y el tercero de sus oponentes, El Bronco? Estuvo en la cárcel. Persecuciones, amenazas, chantajes y cárcel es el precio que tienen que pagar los que se oponen a la voluntad del presidente.
Fracasaron los planes A y B de López Obrador para apropiarse del INE. Para doblar al PRI recurrieron a las grabaciones ilegales que exhibió Layda Sansores contra Alejandro Moreno. Al presidente, que comentó esas grabaciones en sus conferencias, no le pareció mal la difusión de esos audios, aunque se tratara de una acción ilegal. Cualquier violación a la ley le pareció válida con tal de hacerse del control del órgano electoral. Ahora planea poner en marcha el Plan C: transferir el control del padrón electoral del INE a la Secretaría de Gobernación. No está de más recordar que, en las consultas que ha promovido López Obrador, ha rescatado la costumbre del PRI consistente en hacer votar a los muertos y a los que están en prisión. Ahora los diputados de Morena (léase el presidente de la República) quieren controlar el padrón electoral. ¿Para elevar el nivel de nuestra democracia? No, para degradarlo y ponerlo al servicio de los intereses de perpetuación en el poder de López Obrador.
Las sólidas instituciones norteamericanas resistieron los embates de Donald Trump. Aunque no quería dejar la Sala Oval, le hicieron saber que de persistir en su actitud lo sacarían a la fuerza. Hoy enfrenta acusaciones penales muy graves. ¿Resistirán nuestras endebles instituciones? La marcha oficial en apoyo del presidente quiso mandar el siguiente mensaje: ustedes tienen las instituciones, yo tengo la masa y puedo emplearla para doblegar a sus instituciones. Que vaya a contar con el apoyo del Ejército no es tan claro por su institucionalidad. Pero el Ejército no va a actuar contra las multitudes dirigidas por López Obrador. Contamos con el Poder Judicial: no pocas veces jueces independientes han impedido las acciones ilegales de López Obrador.
Para el zapatista Antonio Díaz Soto y Gama la bandera nacional era un “sucio trapo”. Tal vez por compartir su opinión López Obrador no hace el saludo a la bandera en actos públicos. Igual desprecio, en los hechos, ha mostrado por la Constitución. Pasará por encima de ella con tal de conservar el poder, él o sus marionetas. Si nunca le ha importado la ley no podemos esperar que la respete en 2024. Conviene no hacerse ilusiones al respecto.