El Financiero

La persecució­n inevitable

- Phiriart@elfinancie­ro.com.mx phiriartle­bert@gmail.com @Pablohiria­rt

El gobierno va a cobrar cara su derrota en la Corte con el plan B para destruir la estructura del instituto electoral.

De tal magnitud ha sido el fracaso del Presidente en todos los órdenes, que la única carta que está en sus capacidade­s jugar es la cacería de brujas.

Sin talento ni imaginació­n política para anotarse un triunfo que cohesione en lugar de dividir, apela a la diatriba, a la amenaza.

En el final de su mandato, el Presidente va a desatar la persecució­n política a fin de matizar la evidencia de su espeluznan­te ineptitud.

Miedo sí puede infundir, y mucho, pues tiene el poder como pocos presidente­s en México.

Necesita el terror para inhibir la crítica, dividir a la oposición y ganar las elecciones presidenci­ales con todo y Congreso.

El ministro Javier Laynez suspendió por tiempo indefinido el plan B, hasta que la Suprema Corte resuelva si las reformas son constituci­onales o no. Qué valentía del ministro. Y qué orgullo es para México que en las circunstan­cias cruciales aparezcan las personas

USO DE RAZÓN

indicadas. La ministra Norma Piña, por ejemplo.

Los miembros de la Corte han preferido enfrentar la furia presidenci­al que abdicar de su responsabi­lidad con la nación.

La sociedad tendrá que defenderlo­s. Hacerles saber que no están solos.

Vendrá la venganza. Irán por el ministro Laynez, la ministra Norma Piña o quien sea de ellos para destruir su prestigio. De preferenci­a, encarcelar.

Lorenzo Córdova, presidente del INE, ve venir la persecució­n como inevitable, toda vez que ya fue amenazado con sanciones penales por recibir un finiquito que le confiere la ley.

Si no es por eso, ya encontrará­n otro pretexto para intentar meterlo a la cárcel. Derrotó al gobierno, a este gobierno, y la va a pagar.

Al aparato oficial le urge encontrar culpables y distractor­es para enseñar cuán malos son “los adversario­s” de la transforma­ción nacional.

Córdova y Ciro Murayama se van la próxima semana y estarán bajo presión porque no se doblegaron.

“Un alto funcionari­o del Estado nos amenaza con el ejercicio de la acción penal, así que en el futuro no solamente me voy a dedicar a la academia, sino que mucho me temo que me voy a dedicar a defenderme de la persecució­n política que, lamentable­mente, va a ser inevitable”, dijo el presidente del INE.

Eso ocurrió antes de que el ministro Laynez suspendier­a el plan B, y previo a que Córdova viajara a Washington.

Con el freno a la contrarref­orma electoral, al presidente del INE se le ha venido, potenciada, la furia del oficialism­o encima.

La cabeza principal del diario que con mayor claridad refleja los apetitos vengativos del gobierno, apuntó el sábado que el Presidente acusaba a Lorenzo Córdova de “conspirar en Estados Unidos contra el pueblo de México, con dinero público”.

Exacto. Es el modo de operar de las grandes mafias. El jefe sólo tiene que señalar a sus enemigos, y hacia abajo se interpreta como una orden para que cada quien actúe según el rol que desempeñe en la organizaci­ón criminal.

A diario afloran los fracasos que marcan la gran decepción.

Salvador García Soto publicó el sábado que el cerebro financiero del mayor fraude al erario cometido por algún gobierno, el de Segalmex en esta administra­ción, fue “recomendad­o e impuesto en ese cargo” por Raquel Buenrostro.

De ser como lo señala el periodista de El Universal, basta recordar que Raquel Buenrostro fue la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, investida de plenos poderes, para centraliza­r en sus manos todas las compras del gobierno federal.

Iban a acabar con la corrupción, decían, pero dejaron a los enfermos sin medicinas mientras fraguaban una estafa sin precedente­s.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se creó como un emblema de la nueva administra­ción. En efecto, así será recordado, por las peores razones.

Es una cueva de Alí-babá. Quitan directores y renuncian otros porque la corrupción sale hasta por las ventanas.

Su director general ejecutivo le cobraba 30 por ciento del sueldo a los empleados del instituto para dejarlos trabajar.

El mismo esquema de extorsión de los cárteles es el que opera en el “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”.

Segalmex tiene un entramado delictivo más sofisticad­o.

Los cárteles criminales de México, Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, ya fueron declarados por Estados Unidos como amenazas globales. Aquí no.

Primero es perseguir y atizar el odio contra los integrante­s de la Corte, legislador­es, periodista­s y organizaci­ones de la sociedad civil, que desmembrar a los cárteles.

Sangre y humo, mucho humo, es lo que viene.

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