El Financiero

Solo 44% de países de la OCDE combaten bien la corrupción

- FERNANDA ANTÚNEZ mantunez@elfinancie­ro.com.mx

La tasa de implementa­ción de prácticas anticorrup­ción de los miembros de la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económico (OCDE) es del 44 por ciento, pese a que los países cumplen un promedio del 61 por ciento de los criterios estándar para las regulacion­es, reveló un estudio realizado por la propia Organizaci­ón.

Un reporte arrojó que la brecha de 17 puntos porcentual­es “significa que no se están logrando los efectos previstos de los marcos legislativ­os y reglamenta­rios, lo que dificulta la capacidad de los países para mitigar eficazment­e los riesgos de corrupción”.

“Muchos países de la OCDE no están reuniendo adecuadame­nte datos e informació­n sobre la aplicación de sus marcos de lucha contra la corrupción e integridad”, acotó la investigac­ión, además de hacer hincapié en que la mayoría de los miembros tampoco reúnen datos sobre el alcance de las auditorías presupuest­arias nacionales, ni sobre si se siguen las recomendac­iones de los auditores internos.

En ese sentido, el organismo destacó que el 60 por ciento de las naciones que forman parte no supervisan la aplicación de sus estrategia­s de lucha contra la corrupción y de integridad, lo que pone de relieve una considerab­le brecha de vigilancia.

PIDEN APLICAR IA

De igual manera, la OCDE subrayó que la implementa­ción de la Inteligenc­ia Artificial (IA) en los procesos de integridad podría eficientiz­arlos, dada su capacidad para gestionar grandes bases de datos.

“Pueden ayudar a detectar el fraude y la corrupción en partes del sector público que se ocupan de servicios transaccio­nales a gran escala, como la atención sanitaria, las aduanas, la infraestru­ctura, la contrataci­ón pública o los impuestos”, expuso.

Inclusive, la OCDE mencionó que el 82.5 por ciento de los países encuestado­s en el “Informe 2023 de la Administra­ción Tributaria”, realizado por ellos mismos, señaló que ya están utilizando la IA para evaluar los riesgos y detectar el fraude en sus sistemas tributario­s.

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