VAN 50 POLÍTICOS ASESINADOS
»Ya superaron los casos del proceso electoral del año 2018
De acuerdo con el “Segundo Reporte Preliminar de Violencia Electoral: Proceso Electoral 2023-2024”, del Laboratorio Electoral, se han registrado un total de 156 agresiones a políticos y personas relacionadas con el proceso, de las cuales 50 han sido asesinatos; 26 de ellos eran aspirantes o candidatos a un puesto de elección.
Además, se reportaron nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, lo que representa un incremento del 212% en comparación con el primer reporte preliminar, en el que se registraron 50 casos de violencia electoral, entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de 2024.
Por otro lado, se indicó que el número de candidatos o aspirantes que han sido ultimados, en el actual proceso electoral, ya superaron los casos registrados en las elecciones de 2018, cuando se reportaron 24 en total.
Hasta ahora, los meses con más candidatos ultimados fueron enero y marzo de 2024, con seis registros cada uno.
En cuanto a este tipo de violencia, los partidos con mayor número de asesinatos,
son Morena (nueve, sin contar el caso de Bertha Gisela Gaytán) y el PAN (cinco).
AUMENTO DE LAS AMENAZAS
Uno de los hallazgos del Laboratorio, hasta el pasado 29 de marzo, fue un aumento de amenazas reportadas por
los partidos políticos durante febrero y marzo, coincidiendo con el final de las precampañas y las etapas de registro en la mayoría de las entidades del país.
De momento, las entidades con mayor casos de agresiones de este tipo registradas son Michoacán (34), Chiapas (13), Morelos (12), Jalisco (siete) y Oaxaca (seis).
Por otro lado, se observó que las personas afiliadas al PAN son quienes más han denunciado amenazas, con un total de 21; le siguen el PRD, con 15; el PRI, con 11, y Movimiento Ciudadano, con
9.
Sin embargo, se detalló que existe dificultad para cuantificar estos casos, pues existe una falta de reportes precisos y transparentes debido a que los partidos políticos son quienes, directamente, hacen el mapeo de estos.
Otro aspecto que reveló el informe es que en la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se revelan los nombres ni los cargos por miedo y tampoco se informa a las autoridades electorales, lo que dificulta la identificación y prevención de futuros actos de violencia.