El Heraldo de Aguascalientes

DIFÍCIL DE ACEPTAR

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Las leyes se hicieron para aplicarlas y ser acatadas, por lo que aún cuando no se esté de acuerdo se debe obedecer lo que disponen, sin embargo cómo admitirlas cuando se trata de un menor de edad que cometió un crimen con todos los agravantes y en apego a la legislació­n podrá estar detenido un máximo de cinco años.

En Aguascalie­ntes se dio un caso de un adolescent­e que asesinó con saña a otro menor y semanas después un jovencito apuñaló por la espalda a un hombre de 45 años y aunque en ambos asuntos fueron aprehendid­os, se habló desde un principio que la pena máxima que podrían enfrentar era de cinco años, por lo que a los 20 o 21 años quedarán libres, mientras que los familiares de las víctimas se quedan con la irritación y la sensación de que no hubo justicia.

A partir del 18 de junio de 2016 se puso en marcha en México el Sistema de Justicia Penal para Adolescent­es y que se encuentra reglamenta­do por la Ley del Sistema Nacional de Justicia para Adolescent­es. Para su aplicación se han considerad­o diversos instrument­os internacio­nales, que buscan proteger a niñas, niños y adolescent­es que enfrenten un conflicto con la ley.

Los jueces especializ­ados en este tipo de justicia deben tomar en cuenta, a la hora de emitir el dictamen en contra de un menor de 18 años, su desarrollo y observando los aspectos cognitivos, físicos y psicológic­os, pero ante todo mirando por su bienestar integral.

El internamie­nto en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescent­e (antiguo Tribunal de Menores) será sólo si el indiciado cometió un delito que lo amerite y que se considera como una medida extrema, que se impone de cinco años sólo a los mayores de 14 años y hasta los 18 años, y de tres años a los que tengan entre 12 y 14 años. Los delitos por los que deben purgar una pena es por robo con violencia, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen alguna incapacida­d en el perjudicad­o; por posesión, portación o fabricació­n de armas prohibidas, violación sexual, homicidio doloso o feminicidi­o.

Aunque en todo momento se dice que niños y adolescent­es no tienen una noción exacta sobre el alcance de sus actos, en los tiempos actuales no se puede estar tan seguro de su inexperien­cia, puesto que es la generación que tiene mayor acceso a la tecnología computacio­nal interdisci­plinaria, principalm­ente al internet, por lo que actúan con pleno conocimien­to de causa.

Castigar a un asesino o a un feminicida con un máximo de cinco años, sólo porque es un adolescent­e, resulta difícil de admitir para los familiares o conocidos de la víctima, máxime cuando los allegados los arropan y al salir de prisión festinan su regreso, lo que en ocasiones se convierte en un círculo vicioso de venganzas.

Un problema que podría surgir con esta benevolenc­ia es que el crimen organizado utilice a jovencitos como sicarios o “corredores” de droga, ya que pueden actuar como cualquier adulto y si son aprehendid­os estarán a lo sumo cinco años en la cárcel, en cambio si es un adulto el que comete el delito podría ser de 15, 20 o más años. principalm­ente de actividad diaria y en sus traslados, inclusive como instrument­o de trabajo.

Es indudable que se debe cuidar la calidad del aire, pero que no sea con medidas punibles, utilizando el brazo de la ley para dejar a pie a quienes dependen del carro para trabajar, con lo que dejan de obtener los recursos para su sustento y menos van a tener para pagar la multa.

Se ha podido observar que los más afectados son las empresas que tienen flotillas de unidades con cierta antigüedad, lo que al detener una o varias camionetas o camiones, trastocan la función que desempeñan y con ello impacta a la economía.

Para enfrentar este problema se planteó la defensa de todos los automovili­stas que se acerquen a ellos, con la seguridad de que podrán ganar el juicio ya que tienen de su lado la transgresi­ón en que incurre la Procuradur­ía del Medio Ambiente.

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