POCAS NUECES
Aunque sean uno o dos los que lleve al banquillo de los acusados, pero a la fiscalía especializada en delitos electorales le urge hacerlo para justificar su presencia, por lo que hace alarde de que hay mano dura con aquellos que se atrevieron a violar la ley en los pasados comicios.
De 40 denuncias que recibió, solamente 6 podrían proceder y que se encuentran en vías de conclusión, y de ellas “tal vez” algunas lleguen a la judicialización mismas que corresponderían a empleados de municipios del interior.
Para cumplir con la encomienda, la citada fiscalía tuvo a su disposición un ejército de agentes del Ministerio Público que estuvieron de guardia en la jornada del 6 de junio, sin embargo más que denuncias eran chismes que los quejosos llevaron a la mesa de los funcionarios y que por su naturaleza no cabía investigarlos, entre ellos “intento de compra de votos”, por el uso de recursos públicos y amenazas entre militantes de distinto partido sin que pudiera acreditarse el delito, por lo que sólo se registró la queja para la estadística.
Se investiga si trabajadores de algún municipio hicieron uso de recursos públicos para favorecer a un candidato y si además, al momento de llevar a cabo esa acción estaban en horario de trabajo, aunque de encontrar culpables no pasarán de ser uno o dos, al igual que dos personas de Asientos a quienes, presuntamente, se les encontraron varias credenciales para votar.
En la fiscalía en delitos electorales se asegura que de llegar a comprobarse que en esos y otros casos hubo un delito se pedirá girar órdenes de aprehensión, lo que de ocurrir sería de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure la investigación y luego vendrá la sentencia, sin embargo debe recordarse que al término de cada elección siempre hay este tipo de amenazas para los supuestos “delincuentes electorales”, cuyas inculpaciones terminan guardadas en algún cajón, mismas que podrían reactivarse si el partido al que pertenecen asumen una actitud contraria a la autoridad en turno, por lo tanto lo único que puede ocurrir es que, justamente, ahora se envíe ante el juez a una o dos personas para demostrar efectividad en la citada fiscalía, a manera de argumentar su presencia.
Tanto a nivel federal como estatal se actúa de la misma manera, al presentarse un cúmulo de querellas que en su momento despiertan interés en la ciudadanía, al suponerse un despertar cívico ya que medio mundo está dispuesto a no permitir que se viole la legislación electoral, por lo que recurre a las instancias correspondientes a exponer sus demandas y que no prosperan porque generalmente son de “oídas”, habladurías, calumnias o suposiciones, que técnicamente no se pueden comprobar, como la presunta compra de votos, lo que la misma autoridad sabe que únicamente se busca ensuciar el resultado, o tratar de intimidar a la autoridad para que acepte como hechos reales lo que ni siquiera el denunciante puede probar. Esto lleva a archivar la mayoría de las querellas y dejar vigentes sólo aquellas que por incuestionables deben ser investigadas y consignadas.