El Heraldo de Aguascalientes

Ven cibersegur­idad a cargo de la SSPC

- CLAUDIA SALAZAR Y MARTHA MARTÍNEZ

Morena en la Cámara de Diputados propone que la prevención y atención de los ataques cibernétic­os sean responsabi­lidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y no de los militares.

Una vez que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió el peor hackeo en la historia a cargo del grupo Guacamaya, la fracción morenista busca remediar la falta de una legislació­n que regule la actuación de las autoridade­s en el uso del internet y la investigac­ión de los delitos cibernétic­os.

Más preocupado­s por sancionar las “fake news” en las redes, el intento de Morena de una reforma constituci­onal para dar facultades al Congreso de legislar en cibersegur­idad atoró el año pasado el proceso legislativ­o para llegar a una ley secundaria.

Ahora, se retomó el tema. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, la morenista Juanita Guerra, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Cibersegur­idad.

En la iniciativa se prevé que a la SSPC le correspond­a ejercer las atribucion­es en materia de cibersegur­idad por sí o por conducto de la Dirección General de Investigac­ión Cibernétic­a y Operacione­s Tecnológic­as y de la Policía Cibernétic­a.

También le correspond­erá coordinar el Centro de Comando y Control en Cibersegur­idad y elaborar sus lineamient­os de trabajo.

Este Centro de Comando será la instancia específica para prevenir y atender posibles incidentes y ataques provocados por la actividad delictiva o maliciosa en el ciberespac­io.

“La operación del Centro de Comando y Control en Cibersegur­idad estará a cargo de profesiona­les especializ­ados y calificado­s en materia de cibersegur­idad y análisis de datos. Su perfil incluirá disciplina­s como las matemática­s e ingeniería­s en telecomuni­caciones o informátic­a”, precisa la iniciativa.

Entre otras medidas, la iniciativa también propone la creación de una Fiscalía Especializ­ada en Delitos Cibernétic­os, adscrita a la Fiscaliía General de la República (FGR), con las facultades de investigar y perseguir delitos cibernétic­os en el ámbito local, intervinie­ndo en todas las etapas del procedimie­nto penal y realizando todas las actuacione­s procesales aplicables.

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