Podría Sepúlveda Reyes regresar a su cargo
El magistrado está suspendido por acusación de desvío de 7 mdp cuando fue presidente del TSJE en 2015
El magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes podría regresar a su cargo, luego de que fue admitido el juicio de amparo que había sido desechado por la Segunda Sala Civil de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal.
Sepúlveda Reyes podría reincorporarse a sus funciones este día.
En diciembre el Consejo de la Judicatura suspendió a los magistrados Jorge Abraham Ramírez Alvídrez y Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, ambos acusados del presunto desvío de 7 millones de pesos en 2015.
El Consejo de la Judicatura interpuso la denuncia de hechos ante la FGE en septiembre pasado, una vez que la Contraloría Interna del Poder Judicial detectó irregularidades en la compra de una bóveda de almacenamiento digital que se realizó cuando Sepúlveda Reyes era presidente del TSJ y el magistrado Jorge Abraham Ramírez fungía como secretario ejecutivo del Centro Estatal para la Implementación del Sistema Penal.
Una de las irregularidades que detectó la Contraloría Interna del Poder Judicial fue la adjudicación directa para la compra de una bóveda de almacenamiento digital, con un sobreprecio de 45%.
El costo del producto era de más de 14 millones de pesos, de los que el Poder Judicial cubrió poco más de siete millones de pesos.
La compra se efectuó con las bases del Fideicomiso 2211 para la implementación de justicia penal de las entidades federativas, impulsado por el gobierno federal en 2014 para fortalecer el Sistema Penal Acusatorio.
Ese fideicomiso ofrece un apoyo económico para infraestructura y servicios, siempre y cuando los gobiernos estatales igualen la aportación. El 1 de julio de 2015, el gobierno de César Duarte firmó el contrato del fideicomiso con Banobras por un monto de 14 millones 246 millones 888 pesos para la compra del aparato que contendría los videos y audios de las audiencias del Sistema Penal.
La parte correspondiente al gobierno estatal la aportó el TSJ y fue avalada tres días después de que Gabriel Sepúlveda asumió la presidencia del Poder Judicial. Este llegó al cargo el 8 de diciembre de 2015 y tres días después convocó a sesión extraordinaria del Pleno para aprobar el fideicomiso. Los magistrados aprobaron la afectación de recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.
El TSJ otorgó la compra en adjudicación directa a la empresa Sistema de Información S.A. de C.V. (Infocom), que entregó al gobierno estatal dos facturas el 30 de diciembre de 2015 por 7 millones 100 mil pesos cada una. En la primera factura el concepto fue por el anticipo del sistema integral de la bóveda de información, y la segunda por el 50 % restante del mismo sistema, según lo indica el contrato SH/AC/136/2015.
La Secretaría de Hacienda (SH) recibió las dos facturas un día antes del proceso de adjudicación, según consta en documentos del TSJ. El 31 de diciembre de 2015, Ever Eduardo Aguilar Sandoval, entonces coordinador administrativo y de servicios de la dependencia estatal y quien ahora es procesado en un juzgado federal por otro caso, envió el oficio al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, donde informó que procedía la adjudicación directa y de inmediato se emitió el acta.
La justificación para adjudicar la compra a Infocom es que tiene la experiencia técnica y operativa para realizar el proyecto. El acta fue firmada por Antonio Enrique Tarín García, quien era presidente del comité y ahora se encuentra preso por otras casusas penales; Erik Manuel Hernández Aguilar, como representante de la dirección de Programas de Inversión de la misma dependencia, y Ever Aguilar.
El 31 de diciembre de ese año también se firmó el contrato donde se hizo el compromiso de pagar 12 millones 241 mil 379 pesos, más IVA, por concepto de contraprestación para el suministro, instalación, configuración e implementación del sistema de bóveda de almacenamiento.