Montón contra la Ley de Seguridad Tapadera de transas en Vialidad Duarte cae o se entrega, la apuesta
CONTROL.- El Sistema
Estatal Anticorrupción,
con el Comité de Participación Ciudadana (CPC) que es toral, bajo dominio y control político como todos los entes dotados de autonomía en el papel, difícilmente tendrá credibilidad si desde ahora es cuestionada la legitimidad en la selección de sus integrantes.
CONTROL I.- Por ahora sólo se eligen los nombres de los integrantes del comité ciudadano, falta un tramo largo por recorrer en cuanto al entramado jurídico, creación de otras instancias públicas gubernamentales y nombramientos definitivos en las instituciones que conformen el SEA, pero no hay que ser muy maliciosos para darse cuenta de que en su formulación y diseño, se cuidan más los intereses del Gobierno y de los funcionarios, que cualquier otra cosa.
INTEGRANTES.- Además del CPC, conformarían el sistema la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular, actualmente Rocío Stefany Olmos, es designado por el Ejecutivo; el próximo fiscal anticorrupción, que tendría una supuesta autonomía, está lejos de ser real; la Auditoría Superior del Estado, con el cuestionado titular Armando Valenzuela o cualquier otro.
INTEGRANTES I.- También estarían el Instituto Chihuahuense para la Transparencia, que preside
Alejandro de la Rocha, tras el golpe de estado al incómodo Rodolfo Leyva; el Tribunal de Justiciav Administrativa, que aún está en borrador, pero sería compuesto por 3 magistrados, obviamente designados con líneas oficiales; y el Consejo de la Judicatura Federal, en manos de… bueno, es más que obvio.
CIUDADANIZADO.- Todas esas piezas burocráticas, dependientes de un mando directo del Ejecutivo formal y real, tendrían vigilancia, en teoría, de un comité ciudadanizado que sería parte central del Sistema Anticorrupción, pero también estará controlado y bajo dominio de un grupo político, entonces el SEA terminaría siendo el armatoste poco útil para los fines que dice tener, más allá de la ampliación brutal de la nómina pública.
ARMATOSTE.- Dígase lo que se diga, porque incluso el gobernador Javier Corral alguna vez justificó su retraso con la idea de que el sistema estatal sería mucho más avanzado que el nacional, lo cierto es que el SEA se quedará corto, sesgado políticamente; y aunque ello no desacredita ni vuelve corruptos a los titulares que lo integren, en sentido estricto no es, ni de lejos, un modelo de combate a la corrupción, es un armatoste de la burocracia para engordar la nómina de la simulación.
SESGO.- Por cierto, es de tal magnitud el sesgo de los próximos nombramientos que hará el Congreso del Estado de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que
hay hasta quinielas con los nombres de quienes serán los elegidos como parte del grupo que debería ser plural y sin colores partidistas, hombres y mujeres equitativamente.
SESGO I.- Los más aventurados sueltan el dato de que de los 17 que pasaron a la fase final, los beneficiarios serían José Antonio Enríquez Tamez, Francisca Jiménez Barrientos, Manuel de Jesús Siqueiros Leyva, Paola Contestabile y René Xavier Chavira Venzor.
SESGO II.- De los 5, unos con militancia fehaciente en el PAN, otros marcados por el sello de quien manda en el Consejo de la Judicatura del Estado y el Poder Judicial en sí, varios con intentos fallidos de ser burócratas del nuevo amanecer. Hasta que se les hizo, si es que no hay sorpresas en el Legislativo.
CONTROVERSIA.- Una decena de municipios de México, entre ellos Parral, Chihuahua; además del Instituto Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han presentado recursos formales contra la Ley de Seguridad Interior,
aprobada por el Legislativo Federal y promulgada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
CONTROVERSIA I.- A esas demandas se suma la más reciente, la del gobernador Javier Corral, que fue el único mandatario estatal que se atrevió a impugnarla pública y luego formalmente, con la entrega en la Suprema Corte de Justicia de la Nación acompañado del llamado Grupo Chihuahua que lo respalda.
CONTROVERSIA II.- Dicen que es probable que esta acción estuviera en el paquete que trató de negociar el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con el gobernador Corral, hace más de una semana.
IRREDUCTIBLE.- Pero, según algunos, el punto también era de los irreductibles del mandatario estatal,
junto con la extradición de César Duarte y los 900 millones de pesos retenidos por los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda.
SUPREMA.- Por cierto, llamó la atención que a la presentación ante la SCJN de la controversia constitucional, acudiera el padre Javier “Pato” Ávila Aguirre, entre los invitados del gobernador Corral que hicieron acto de presencia en el más alto tribunal del país, para hacer patente su rechazo a la Ley de Seguridad Interior.
CONSTITUCIONAL.- Llamó la atención porque precisamente el “Pato” Ávila es objeto de un cuestionamiento constitucional por el cargo que tiene en la Comisión Estatal de Víctimas, instancia de la Fiscalía General del Estado. Cuestionado y todo fue al tribunal constitucional, al menos se ve bastante extraño.
JUARISTA.- Pero bueno, si llegó hasta el monumento en honor a Benito Juárez en la Caravana por la Dignidad del pasado domingo 4 de febrero, qué más da ir al tribunal que interpreta los principios constitucionales como la laicidad del Estado mexicano, herencia, precisamente, del indígena de San Pablo Guelatao, Oaxaca.
APUESTA.- Con la Caravana por la Dignidad, el acuerdo para la investigación del trato que ha recibido
el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez y las nuevas pistas surgidas en el caso del exgobernador César Duarte Jáquez, se habla con insistencia de que su captura está próxima.
APUESTA I.- Bueno,
captura o entrega, porque también de eso se habla a raíz, se dice, de supuestos encuentros del exgobernador con familiares y sus abogados, sobre todo porque uno de sus hermanos,
Ricardo Duarte Jáquez, despacha como rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cargo en el que ha transitado casi sin contratiempos entre el sexenio del ballezano y el de Corral Jurado.
APUESTA II.- Por ello, dicen, la apuesta está entre si cae detenido en colaboración de los gobiernos de México y Estados Unidos,o él mismo se entrega, previa negociación de su abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, quien ha salido a dar la cara por el exgobernador Duarte cada vez que ha sido necesario.
DETENCIÓN.- De darse su detención, en alguna de sus modalidades, alteraría el marco electoral actual, pues se tiene la idea de que sucederá lo que menos afecte al proyecto del PRI, el de la continuidad del gobierno de Peña Nieto y la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña.
DEPÓSITO.- De la Secretaría de Hacienda del Estado reportan que ahora sí funcionó el sistema del Oxxo y su contraparte federal hizo un primer depósito de 450 millones de pesos, no se sabe si en billetes de baja o alta denominación, de los 900 convenidos del Ramo 23 para Chihuahua, producto de la confrontación de sobra conocida.
DEPÓSITO I.- Para el 5 de marzo, señalan los que saben, se entregará la segunda parte de los recursos que no había, que sí se habían entregado, que no se podían trasferir por error en el número de cuenta, entre otros 4 ó 5 pretextos más que fueron echados por la borda por el secretario de Gobernación.
FLUJO.- Así que el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, estará muy solicitado por sus compañeros secretarios y directores administrativos de las dependencias, que están esperando que fluyan los recursos ahora que siempre sí sonó la cajita registradora.
CUMBRE.- Por cierto, para los primeros de marzo, lo que vendrá será la cumbre sobre federalismo fiscal que había anunciado el gobernador Javier Corral, quien, según los enterados, palomea personalmente la lista de expertos que habrán de ser convocados a discutir la forma en que la Federación reparte los recursos a los estados, especialmente el mal afamado Ramo 23 del Presupuesto de Egresos, el de la zanahoria o el garrote.
GOBERNADORES.- De gobernadores, aseguran, ninguno le seguirá la corriente al de Chihuahua, ni siquiera los panistas, aunque ni los va a extrañar, pues ya vio que apoyo moral por WhatsApp sí le mandan, pero nomás eso.
TRANSAS.- Taxistas, choferes y transportistas en general de la CROC y la CTM preparan una protesta contra la Dirección de Vialidad y la Dirección de Transporte, pues acusan algunas transas con aval de los titulares de las mismas, Carlos Reyes y Guillermo Hernández.
TRANSAS I.- Entre lo que mencionan los transportistas está el cobro súper elevado de exámenes antidoping a los que el Gobierno del Estado les saca su tajada, pues los cotizan al doble del valor del mercado, además de que los obligan a repetirlos con una frecuencia mayor a la requerida, sólo por captar más recursos o tal vez por tener arreglo con determinado laboratorio de análisis clínicos.
TRANSAS II.- Lo que no dicen, pero se sabe que también está en el fondo de la protesta, es que Carlos Reyes, como tapadera de la corrupción en la Dirección de Vialidad, mantiene a cargo del cuestionable servicio de “calificar” infracciones a Jesús Sosa, operador desde el sexenio pasado de tan noble labor, que seguramente realiza de forma altruista.