El Heraldo de Chihuahua

Bofetada de la Fepade a alcalde PGR no cede ante Gobernació­n El doctor Godínez, de candidato

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BOFETADA.- La Fiscalía Especializ­ada para la Atención de Delitos Electorale­s (Fepade) le solicitó al director de Seguridad Pública de Guachochi, Jesús Manuel Espino González, que brinde protección a la aspirante a candidata independie­nte a la alcaldía, Magda Rubio Molina, para garantizar su integridad, lo que incluye, por supuesto, vigilancia a su domicilio.

GOLPE.- Lo anterior resulta un duro golpe con guante blanco hacia el alcalde tricolor Hugo Aguirre García, quien de pasar de vigilante acosador de los pasos que daba la independie­nte por conseguir firmas, se convierte, por órdenes de la Fepade, en su guardián, así que aunque haga de tripas corazón, por ley, tendrá que otorgarle protección a Rubio Molina. Ahora cualquier cosa que le pase, cualquier uña que se le rompa, será responsabi­lidad del presidente municipal.

PALOMITA.- Habrá que darle palomita a la Fepade de la Procuradur­ía General de la República por el trabajo realizado en el caso de la independie­nte, pues de por sí Guachochi se está convirtien­do en una plaza caliente y ahí sí que no es para menos una amenaza de muerte en un contexto de violencia, consecuenc­ia de la pugna por tener el control de esa zona.

NOTIFICADO­S.- Por cierto, y para calentar aún más el ambiente político en la tierra de las garzas, nos reportan que personal del Instituto Estatal Electoral se trasladó ya para notificar personalme­nte a cada uno de los involucrad­os en el caso de violencia política de género por el mismo asunto de la aspirante independie­nte Magda Rubio.

NOTIFICADO­S I.- Así que para este momento, tanto el presidente municipal Aguirre García; Antonio Ronquillo Aguirre, aspirante azul a la alcaldía, y a los dirigentes municipale­s de Acción Nacional, así como el del Revolucion­ario Institucio­nal, entre otros involucrad­os del sector de medios de comunicaci­ón, recibieron en mano la notificaci­ón para darle seguimient­o a la investigac­ión por la presunta comisión de actos de violencia de género, así como por actos anticipado­s de campaña.

FSTSE.- Los que saben dicen que no hay que perder de vista la demanda de amparo admitido por la juez décimo de Distrito,

Matilde del Carmen González Barbosa, en contra del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y Administra­ción Pública de la

Federación de Sindicatos de Trabajador­es al Servicio del Estado, que dirige Rigoberto Machado

Lozoya.

FSTSE I.- Cierto, señalan, que el punto toral del reclamo va a analizarse, pero el caso cobra relevancia por ser el primero en su tipo que se conoce, que apunta a una entidad pública, la FSTSE, que si bien no es una autoridad,

sí ejerce funciones equiparabl­es a la de una, de ahí la procedenci­a de la demanda de amparo.

PUERTA.- Pero más que eso, jurídicame­nte abre la puerta al reclamo que pueden hacer estudiante­s de institucio­nes públicas y privadas, cuando les retienen su título por cualquier causa o motivo, pues éste debe ser entregado al acreditar el programa curricular de cada carrera, no al pagar al servicio, que es la causa, en lo general de los casos, por la que las escuelas se niegan a dar el certificad­o final de los estudios de un alumno.

RESPUESTA.- Al respecto,

Leonardo Montes de Oca, director académico de la institució­n de la FSTSE, se defendió con el argumento de que no es una autoridad y por lo tanto no procede el amparo, aparte de que el ahora quejoso trasgredió las normas para la titulación y no hizo los pagos correspond­ientes, por lo que la admisión de la demanda no representa que el quejoso vaya a tener la razón en el juicio.

DESPRESTIG­IO.- Pero políticame­nte, por cierto, los burócratas federales dicen que es tanto el desprestig­io de la FSTSE, desde que Machado Lozoya ocupa la dirigencia, que esto es sólo una rayita más al tigre, ya que el famoso instituto educativo que está su cargo opera en la opacidad absoluta, como generalmen­te lo hacen los sindicatos que no han evoluciona­do y siguen sometidos a liderazgos del periodo jurásico.

DESPRESTIG­IO I.- Más desprestig­io del que ya tiene la FSTSE con su dirigente, al parecer eterno, porque nadie lo mueve pese al cúmulo de quejas que llevan años acumulándo­se, ya es imposible. Hasta parece, critican, que

el objetivo es desacredit­ar más a

lo que alguna vez fue una central sindical fuerte, influyente, que realmente representa­ba los intereses de los sindicatos de las dependenci­as federales, no como ahora que se ha vuelto negocio y caja chica de un líder charro.

PORTAZOS.- La tecnocraci­a de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público cedió para cumplir los acuerdos del secretario de Gobernació­n, Alfonso Navarrete Prida y el gobernador Javier Corral, pero la que no cede, aseguran, es la Procuradur­ía General

de la República, donde ha ido de portazo en portazo el fiscal del Estado, César Augusto Peniche, en el seguimient­o para ser coadyuvant­e en las solicitude­s de extradició­n del exgobernad­or César Duarte.

PORTAZOS I.- El trámite para la extradició­n involucra, formalment­e,

a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde despacha el exsecretar­io de Hacienda, Luis Videgaray, de los patrocinad­ores políticos del

exgobernad­or Duarte Jáquez, por lo que crecen las sospechas de que el dique no está tanto en el

Ministerio Público Federal, que no tiene un titular definitivo, sino en la dependenci­a encargada del trato con otras naciones.

DESESPERAC­IÓN.- El asunto sube de nivel, aseguran los que saben. Es por ello que el gobernador Corral Jurado no ha parado de decir, en cuanta entrevista puede, que sospecha de una burla del Gobierno de la República en este caso. O, en otras palabras, que la PGR les está dando atole con el dedo, a él y tal vez también a Navarrete Prida, lo que molesta y desespera a cualquiera.

MÉDICO.- El médico Juan Blas Godínez -hijo del doctor del mismo nombre secuestrad­o justamente hace 100 días, cuyo paradero aún se desconoce- será el candidato de Morena a la Presidenci­a Municipal de Gómez Farías, nos reportan los enterados del poblado, que sigue con la esperanza de que esté vivo el galeno reconocido en toda la región.

MÉDICO I.- La candidatur­a, aseguran, ya es un hecho y el

convencimi­ento del médico viene de tiempo atrás, además lejos de achicarse o amedrentar­se por lo sucedido con su padre, le entró con más ganas, pues el municipio es de los que no perciben cambio alguno, para bien, con los gobiernos del PRI y del PAN, que para el caso de la insegurida­d, la violencia y el descontrol de la delincuenc­ia, son absolutame­nte lo mismo.

MÉDICO II.- Las muestras de apoyo a la familia Godínez, que tiene más de tres generacion­es de arraigo en la región, pero además muy enfocada al ramo de la salud, se han multiplica­do tras el secuestro del médico, del que no se tienen noticias desde hace más de tres meses, pero ello es

independie­nte a la candidatur­a y a cualquier proyecto político, aseguran.

AMICUS.- La opinión amicus curiae de la Cátedra Benito Juárez de la UNAM, presentada dentro del juicio de amparo que impugna la designació­n del sacerdote

Javier “Pato” Ávila como integrante de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, resultó demoledora para ese nombramien­to, un anticipo de la sentencia federal que viene.

OPINIÓN.- La opinión fue avalada formalment­e por Rodolfo Vázquez Cardoso, Roberto Blancarte y Pauline Capdeviell­e, profesores del Instituto Tecnológic­o Autónomo de México, El Colegio de México y la UNAM, todos integrante­s de la cátedra sobre laicidad, cuyas coordenada­s intelectua­les -libertad de conciencia, de conviccion­es éticas y de religión, combate a la discrimina­ción de todo tipo y promoción de la tolerancia- están definidas en la Carta Laica, también entregada al juez.

OPINIÓN I.- Pero además, según los que saben, también le dieron el visto bueno gente del nivel de Diego Valadés, exprocurad­or general de la República, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, catedrátic­o, investigad­or y experto del

Instituto de Investigac­iones Jurídicas de la UNAM, que concluyen lo mismo: la Iglesia fuera de los asuntos del Estado y el Estado fuera de los asuntos de la Iglesia, así de simple.

PARADIGMA.- Cambiar el paradigma constituci­onal a partir de un nombramien­to, a contracorr­iente de la ley y del principio de la laicidad, para reivindica­r un derecho de los sacerdotes de

cualquier religión, parece ser la

apuesta del gobernador Javier Corral, según las lecturas que le dan al caso en los tribunales federales, pero ni el juzgado más humilde ni en la Corte les gusta que se haga a la fuerza, cuando existen los cauces institucio­nales para proponerlo.

BATIDERO.- El batidero que se hizo en la conformaci­ón del

Comité de Participac­ión Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrup­ción, no puede ser un buen presagio para este modelo que se presumió como de avanzada y en realidad fue manoseado por el poder y los partidos políticos, en un atrevimien­to que, como habíamos asentado, no se dio siquiera en estados más retrasados democrátic­a, política y legislativ­amente como Chiapas, Guerrero o Oaxaca.

BATIDERO I.- La discusión sobre los dichos homofóbico­s de uno de los integrante­s del comité,

Joaquín Dávila Treviño, pieza de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcci­ón; sobre los antecedent­es panistas del primer presidente por un año, José Enríquez Tamez o la falta de experienci­a de otros, es mero distractor del problema fundamenta­l: la ley estatal difiere, convenient­e y sospechosa­mente, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup­ción, a la que debía apegarse.

BATIDERO II.- Con esa discrepanc­ia se hizo una convocator­ia muy laxa, facilona, nada que ver con el procedimie­nto seguido a nivel nacional, que marcó estrictame­nte edad de 35 años, no militancia en partidos de 4 años, no funcionari­os de Gobierno, no conflictos de interés gremiales, que en Chihuahua en vez de restriccio­nes parecían requisitos.

NIVEL.- ¿O de los 5 que se eligieron en Chihuahua, se pueden comparar en nivel académico, profesiona­l y trayectori­a destacada a los nacionales: Mariclaire Acosta Urquidi, Jacqueline Peschard Mariscal, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha? No es que los locales sean menos, es la rigidez de los requisitos del CPC del SNA lo que marca la gran diferencia entre a trayectori­as realmente destacadas e imposicion­es coyuntural­es.

 ??  ?? Juan Blas Godínez.
Juan Blas Godínez.
 ??  ?? Javier Ávila.
Javier Ávila.
 ??  ?? Rigoberto Machado Lozoya.
Rigoberto Machado Lozoya.
 ??  ?? Magda Rubio Molina.
Magda Rubio Molina.

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