“Hay colusión entre fiscal y magistrados”
Que los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa dieran vista al Ministerio Público local y al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), sobre presuntos actos ilícitos cometidos por él, Rodolfo Leyva aseguró que existe una colusión entre los magistrados y el propio fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, así como con el consejero jurídico Maclovio Murillo.
La queja de los magistrados, dijo Leyva, es que los denunció ante la Procuraduría General de la República en dos ocasiones y una más ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con base en actuaciones consideradas como de corrupción.
Ante lo anterior, negó que exista un delito cometido por su persona en señalar a integrantes del Poder Judicial que puedan incurrir en actos de corrupción, o que falten al debido proceso, pero eso es lo que le ordenaron al Ministerio Público local investigar, aunque no exista competitividad por las autoridades de la Fiscalía General del Estado en el caso.
Sobre la vista que se dio al Ichitaip, ejemplificó que es como si un juzgador diera vista al instituto sobre una resolución de una demanda de divorcio, es decir, acuden a instancias que no son competentes y nada tienen que ver en el asunto.
El conflicto con los magistrados Martha Olivia Tello Acuña, José Martín Hernández Simental y José Raymundo Cornejo Olvera, que integran el Primer Tribunal Colegiado, recordó que se dio desde 2015, por varias denuncias que interpuso en contra de ellos por violaciones en los procedimientos sancionadores.
La primera denuncia, dijo, es por el conflicto de intereses que tienen los tres magistrados con el juez tercero de distrito, Juan Fernando Luévano Valle, quien trabajaba como secretario para ellos y fue promovido a juez.
“Hay una conexión entre él y el Primer Tribunal Colegiado, porque él trabajó ahí y su esposa trabaja ahí, el juez se iba a hacer ciclismo atrás de Plaza del Sol con los magistrados, cuando ese secretario asciende a juez lo que debieron hacer en el Consejo de la Judicatura es mandarlo a otra entidad donde no tuviera relaciones de trabajo”, explicó.
El problema de los magistrados, consideró que es el pensamiento de que él no iba a señalar nada y se quedaría callado, “es mi derecho denunciar actos de corrupción y ellos no pueden criminalizar el discurso”.
Aseguró que nunca ha insultado a los magistrados, pero sí les ha dicho que han violentado la Ley.