Irá Leyva a CIDH por caso del “Pato” Ávila
“Está terminado en instancia nacional, a pesar de que fue un acto de corrupción termina el asunto”, dice el demandante
El caso sobre la designación de Javier “Pato” Ávila como integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se irá hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), aseguró ayer Rodolfo Leyva, quien impugnó la designación del presbítero por considerar que violenta la laicidad que debe imperar en los gobiernos públicos, en este caso del Gobierno estatal de Chihuahua.
Lo anterior, luego de que el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa desechara la demanda que presentó, por lo que no se llevó a cabo el juicio y no hubo una resolución judicial sobre la designación de Javier Ávila dentro de la CEAV.
“Está terminado en instancia nacional, a pesar de que fue un acto de corrupción termina el asunto, pero eso me permite acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió Rodolfo Leyva, aunque no precisó en qué momento acudirá.
Detalló que un requisito para ir a la Comisión Interamericana es que se hayan agotado los recursos internos, es decir, que se hayan hecho todas las acciones legales que están a disposición para resolver el conflicto entre las instancias nacionales.
El asunto que acusó como violación, es que los integrantes del tribunal colegiado, aun cuando estaba una sentencia próxima, descartaron el juicio violando la ley al no responder a una recusación que les hizo, además de haber usado criterios anticuados.
Según la resolución del tribunal colegiado, a Rodolfo Leyva no le beneficia la destitución de Javier Ávila de la CEAV, pero éste asegura que sí hay un beneficio, “no solamente a mí, a todas las personas sean de la religión que sean, aun a los ateos, porque ocasiona que el Gobierno no promueva a una religión”.
Ejemplificó que en un caso donde un gobernador sea fundamentalista musulmán, puede traer a un mulá a ser secretario de Educación y prohibir que las niñas vayan a clases, o que sea parte de la Secretaría de Salud y promueva la mutilación de los órganos sexuales femeninos.
“El Gobierno debe actuar con base en la ley, no en criterios religiosos, nosotros podemos practicar nuestra religión en un nivel personal, familiar y comunitario, pero no en un nivel gubernamental”, criticó Rodolfo Leyva y señaló que será el argumento para llevar el caso ante instancias internacionales.