La Corte de México, en defensa de la libertad de prensa
Una verdadera sociedad democrática es
aquella que puede influir en la forma como el gobierno actúa. A esta influencia sólo se puede llegar a través del conocimiento de cómo se está actuando en la función pública y de cómo debe comportarse ésta para lograr una mejor convivencia. Quizá el más importante elemento con que cuenta la comunidad para llegar a este conocimiento son los medios tradicionales de comunicación: la radio, la televisión y la prensa. No se puede soslayar la influencia que en este sector tienen también el internet y las redes sociales, pero para el caso del tema que se pretende tratar, la red informática se maneja por distintos parámetros.
La importancia de estos medios en la vida democrática de un país es elemental, lo que se refleja en la relación causa a efecto que se da entre la transmisión de la información, el análisis del receptor, la creación de conocimiento individual, su incidencia en las decisiones de plan de vida personal y su inserción en el debate social, lo que lleva a la formación de opinión pública y la participación, individual y comunal, en la toma de decisiones públicas. Ante este panorama, el manejo tanto público como privado, de los medios de comunicación debe ser siempre tendiente a favorecer a la libertad de expresión.
La capacidad de transmisión de información, por los medios de comunicación, ésta se encuentra limitada. En la radio y la televisión los límites son temporales y en la prensa, el límite se determina por los espacios electrónicos o de papel con que se cuenta. De lo anterior que la información deba pasar por un proceso de filtración, cuyo cedazo obedece a factores de índole comercial o ideológica.
Estos condicionamientos del filtro de información condicionaran la opinión de sus lectores, oyentes o videntes, en lo que se refiere a la vida social y política de la comunidad. Para que la sociedad pueda ser un buen crítico del actuar gubernamental y por tanto un factor constante en el proceso democrático, se requiere de una opinión pública caracterizada por la diversidad de la crítica, lo que se logra cuando el sistema de información de un país presenta dos elementos esenciales: libertad de información que implica la posibilidad de que los medios transmitan la información que consideren pertinente sin que exista otro control que los propios criterios de filtración y clasificación que el propio medio decida y pluralidad mediática que requiere la existencia de suficientes medios de comunicación para que se puedan presentar a la sociedad diversas corrientes ideológicas y políticas, de tal forma que permita a los ciudadanos la posibilidad de optar por las diversas posibilidades de pensamiento que transmiten los medios.
Es evidente que el poder político, por su propia conveniencia, tiende hacia el control de los medios de comunicación y, en un país totalitario, esto lo logra a través de la censura previa, que el Estado realiza antes de la publicación de la información; pero en los países donde existe una relativa libertad en los medios de comunicación, el poder público buscará otros medios para controlar la información de los medios transmiten a la comunidad. Entre éstos se encuentra el control económico que se da a través de la publicidad oficial. En estos países, el Estado suele ser uno de los principales consumidores de la publicidad que transmiten los medios y, por consecuencia, se puede volver selectivo en su contratación de publicidad a través de preferencia a aquellos medios que les cause la menor incomodidad. Pero también puede hacerlo a través de la denominada "autocensura", que son las propias limitantes que las empresas de información establecen en sus filtros para evitar situaciones que les puedan perjudicar. El Estado puede provocar la autocensura a través de una fuerte inversión en la compra de publicidad en los medios de información.
El caso de México presenta estas características, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto ha realizado gastos excesivos y fuera del presupuesto autorizado, sin que el congreso haya tomado medidas en este asunto, aun cuando institucionalmente le correspondía. La oportunidad de defender la libertad de prensa pasó a la Suprema Corte de Justicia la que, gracias a la intervención de la organización Artículo 19, emitió una decisión judicial que obliga al Legislativo a expedir la legislación que controle el uso de presupuesto para publicidad gubernamental.
El tiempo está corriendo para la Cámara de Diputados, que ha fijado el próximo 3 de abril para la votación de la ley, luego pasará los senadores, quienes deben expedir la norma a más tardar el 30 de ese mes y poder cumplir así con la resolución de la Suprema Corte, que indudablemente beneficiará la libertad de expresión en México, enhorabuena.