Escenarios económicos
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, recibirá la deuda soberana más alta del último cuarto de siglo, lo que representa un gran reto para la planeación del primer presupuesto de 2019
La estructura financiera del Poder Ejecutivo que recibirá el presidente electo, con muy poco margen de capacidad de nuevos financiamientos y capacidad de pago vigente, tanto del capital como de los intereses, con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al mes de mayo de 2018 se debían $10.8 billones, que representa el saldo más alto registrado históricamente.
Esta estructura financiera registra un grado de apalancamiento mayor que la estructura que recibió Enrique Peña Nieto hace cinco años, que representaba el 34% del PIB, el costo financiero al año 2018 es el 90% superior al que recibió el presidente Peña en su inicio, a mayo de 2018 representa el 49% del PIB.
La deuda soberana a la que hago referencia está integrada por los pasivos financieros del gobierno federal, empresas productivas del Estado como CFE, Pemex y la Banca de Desarrollo como Nafin, Banobras, Bancomext, Bansefi, principalmente.
Históricamente los registros sexenales en proporción con el PIB; con Carlos Salinas fue del 26.5%, los de Ernesto Zedillo 24.8%, los de Vicente Fox del 22.1% (se redujo), los de Felipe Calderón 34%, actualmente representa el 49%. Esta es una hipótesis del destino y aplicación de los recursos provenientes de la deuda soberana, que en gran parte se destinó a gasto corriente y nula inversión, ya que esta variable cayó a niveles históricos en los últimos cinco años, en este mismo periodo, el costo financiero se ha venido incrementando enormemente; por la depreciación del peso mexicano que afecta la deuda en dólares, por el incremento del pasivo contratado y por los incrementos que ha registrado la tasa de interés; en el año 2012 era del 3%, actualmente al mes de junio se ubica en 7.75%, con probabilidad de incrementar de 25 a 50 puntos base adicionales para ubicarse en 8.25% al cierre de 2018. En el último año de Felipe Calderón el costo de la deuda fue de 51 mil millones de pesos, el pago actualmente es de 532 mil millones de pesos (fuente SHCP), medido en términos anuales comparado con el año 2017, se incrementó un 21% sin incluir el capital.
La categoría de la deuda soberana según la apreciación de las principales calificadores internacionales, la consideran “Con riesgo medio y manejable”.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria expresa que el uso y aplicación de los recursos provenientes de financiamiento de capital deberán ser dirigidos en proyectos productivos, en desarrollo de infraestructura como puentes, carreteras, hospitales, escuelas, centros deportivos o compra de bienes y activos para mejorar los servicios públicos. El gasto de capital para inversión en infraestructura en el año 2017 se redujo al 36.7%, cifra histórica en México. Por estos altos niveles de financiamiento del Poder Ejecutivo se redujo la inversión de capital en infraestructura y proyectos productivos, en tanto, lo que sugiere la teoría financiera es que se debe reducir el gasto corriente, que en los últimos 12 años se ha incrementado en niveles superiores del 1,000%, cabe mencionar que en la presente administración, los recortes de programas gubernamentales ineficientes ayudaron muy poco a reducir las presiones financieras en la mejora de la posición y estructura de las finanzas públicas federales. La deuda soberana debe ser una variable eficaz detonadora del desarrollo y crecimiento.
La herencia que recibe de la estructura y resultados de las finanzas públicas el presidente electo López Obrador, el reto es muy grande, pero, afortunadamente la tendencia de estas variables, como la tasa de interés, la inflación y el tipo de cambio, el próximo año registran tendencia a la baja, lo que oxigenará el presupuesto que deberá realizar el nuevo Congreso de la Unión, en función de las propuestas de AMLO que consisten fundamentalmente en reducir el gasto corriente, mejorar los ingresos reales a través de combatir la corrupción, aumentar los ingresos por la vía del crecimiento económico al detonar el mercado interno, sin déficit público y sin financiamiento nuevo.
Una opción para incrementar los ingresos públicos, sería conveniente que se aumentaran los impuestos del IEPS a productos que afecten la salud de los mexicanos, como cigarros, bebidas embriagantes, comida chatarra, golosinas y refrescos con altos contenidos de calorías, ingresos de los casinos de apuestas, teléfonos móviles y automóviles de lujo, evitar la evasión y elución fiscal, grabar aranceles a productos importados de EU que no pertenezcan a la canasta básica y que sean susceptibles de importarlos de otro país.