Nada cambia
“Así, este trabajo cobra carácter de denuncia pública, escrito con lenguaje más forense que literario, con la modesta pretensión de contribuir a que la sociedad civil, como lo ha hecho en otros espacios de la actividad gubernativa, se organice para exigir al Estado un efectivo combate a la corrupción, no discursivo o mediático, para que implemente y cumpla eficazmente programas que procuren realmente que la administración pública se desarrolle dentro del imperio de la ley.
“Que la irrestricta aplicación de ésta sustituya a los esquemas preventivos artificiosamente diseñados para disimular la falta de voluntad política para afrontar esta problemática, con los que esquivan o dilatan la necesaria e inevitable confrontación de la autoridad con funcionarios deshonestos”.
Las párrafos transcritos son parte de la presentación de un trabajo que recopila y documenta relevantes casos de corrupción de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón que quedaron impunes, y que hace diez años, sin lograrlo —por rechazarlo las empresas editoras— traté de publicar bajo el título “Nada cambia”, que ahora utilizo en este artículo, y que aplican al programa “Justicia para Chihuahua” en el gobierno de Javier Corral Jurado.
La bandera de abatir la corrupción que ondeó en su campaña Vicente Fox terminó hundida en el fango que le dejó el régimen anterior y aumentó su gestión; Felipe Calderón adivino de su triste desempeño, ni siquiera agendó entre las prioridades nacionales, al menos atenuar la rapacidad política, que en su periodo sobrepasó sus índices históricos de incidencia.
Javier Corral en Chihuahua hace de la persecución judicial que desató contra algunos de los colaboradores de su antecesor el soporte de su gobierno, pero con reducida visión la endereza sólo contra los que le garantizan el escándalo mediático que oculta su pobre desempeño, dejando en paz a los de relevancia, que protege desvirtuando el principio de oportunidad que en el nuevo sistema penal rige en el ejercicio de la acción penal.
Su programa “Justicia para Chihuahua”, preñado de
obsesión y favoritismo, hacina donde yacen los trebejos inútiles, las tareas que al pueblo deben sus gobernantes, ensalza hasta el delirio la búsqueda del ladrón y apresa a los que por imagen pública pueden rendir frutos publicitarios, no exentos del morbo social que incita la saturación del escarnio, sobrepuesto a la recuperación efectiva de lo robado, efectos que colman su noción de la corrupción administrativa y política, sin siquiera avistar las variadas y difusas manifestaciones de este fenómeno, cuya plena erradicación prometió, y acaba de decidir en la elección —que no concluye— el triunfo abrumador de Andrés Manuel López Obrador y el surgimiento de Morena a la vida política nacional como partido dominante, cuya campaña, como la de Fox, se centró en combatirla.
Ni siquiera alcanza a percibir Corral Jurado que en su gobierno se fragua el desfalco más cuantioso de cuantos se tenga noticia, no sólo en el estado sino en la república —que minimizará los burdos latrocinios de Duarte—, y que al término de su gestión le será reprochable, administrativa y penalmente, el enorme desvío de recursos públicos, en el mejor de casos culposo.
En días pasados un periódico local publicó la opinión de la secretaria de la Contraloría Estatal, que al no hacer acotación autoriza a pensar que se refería a la de Chihuahua, dijo de la corrupción:
“Esto empieza con servidores públicos que fueron mal seleccionados, que llegaron al servicio público por motivos indebidos que no tienen los atributos para ser un buen servidor público con niveles muy altos de discrecionalidad, aún existen muchos servidores que pueden tomar la decisión que quieran, habiendo en la estructura normativa y con esquemas muy bajos de rendición de cuentas, que no rinden cuentas por sus actos”.
Posiblemente esa sea la cuerda de la que cuelguen los funcionarios de esta administración —de no habitar en la próxima Acción Nacional el Palacio de Gobierno—, porque regido por mandato constitucional el servicio público, entre otros principios, por el de legalidad y la eficiencia, el gobernador no asigna los cargos públicos sujetándose a los profesiogramas o perfiles requeridos para su desempeño, sino en forma discrecional para favorecer a sus correligionarios y amigos, sin que tengan los “atributos” para ser “buenos servidores públicos” —como comentó la contralora— ejercerlos adecuadamente y devengar los sueldos y prestaciones que perciben en las plazas que ocupan, de hecho vacantes, en ausencia de las personas preparadas para que las desempeñen.
Desde el punto de vista en que se analice esa práctica graciosa es una evidente expresión de corrupción, prevista en la legislación, federal y estatal, como falta administrativa, y posiblemente delictuosa, porque entraña el indebido manejo de recursos públicos en sueldos por lo general elevados, en tanto se erogan sin que el Estado obtenga los resultados de eficiencia que el servicio público requiere y la ciudadanía espera de la designación de los funcionarios de los niveles superiores de la escala burocrática, deficiencia que permea a las capas medias y las de base por falta de dirección adecuada y porque los beneficiarios de estos nombramientos, a la vez hacen otros y los otros también, lo que encarece exponencialmente la curva de aprendizaje que implica un gasto corriente inútil en personal que afecta al erario, pero que sólo deja el entorpecimiento de las funciones que se les encomiendan y redunda en mayor esfuerzo de los que en la vida diaria requieren su intervención.
Prueba palpable de lo anterior es lo deplorable que resulta advertir que las áreas más sensibles del gobierno adolezcan esta insuficiencia (salud, transporte, seguridad, educación y otras muchas) en las que sus titulares han mostrado su impreparación, falta de destreza o de vocación para solucionar los problemas propios de sus carteras, que por insignificantes que sean se traducen en problemas sociales por falta de pericia. Es lamentable que hasta el cambio de un plantel de nivel preescolar desemboque en un conflicto que enfrente a dos grupos de la comunidad que pretenden ocupar el mismo espacio físico para el desarrollo de sus actividades, sin que los funcionarios encuentren una salida alterna que satisfaga a los dos, como también lo es que el responsable de ganadería, una de las actividades principales de la entidad, ignore que los semovientes requieren alimento para subsistir y arroje en los trabajadores de los predios asegurados por la Fiscalía General la responsabilidad de proveer esa necesidad, cuando esa medida que sobre ellos decretó el Estado para garantizar la recuperación de lo sustraído por el prófugo los obliga a atenderlos, no en aras de proteger su patrimonio, sino al erario que los ocupó legalmente.
Así las cosas, la sumatoria de sueldos y prestaciones pagados en forma tan irregular durante el quinquenio, será el monto del desvío de recursos públicos en el capítulo de personal, y en su investigación no se buscará a los que hayan metido “la mano al cajón”, sino a quienes los hayan disfrutado, porque su falta de perfil para merecerlos los torna en prebendas, sin que se vaya a requerir de testigos protegidos ni torturar la ley para sancionarlos. Y el responsable directo será el que permite esos dispendios.
STEFANY OLMOS SRIA. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA “Esto empieza con servidores públicos que fueron mal seleccionados, que llegaron al servicio público por motivos indebidos que no tienen los atributos para ser un buen servidor público con niveles muy altos de discrecionalidad, aún existen muchos servidores que pueden tomar la decisión que quieran, habiendo en la estructura normativa y con esquemas muy bajos de rendición de cuentas, que no rinden cuentas por sus actos”.