¿Cambio de régimen político?
En lo que se refiere a las elecciones legislativas federales, Morena alcanza una votación de 37.5% en senadores y el 37.2% en diputados, lo que junto a la distribución de escaños por representación proporcional le garantiza una mayoría simple en el Congreso de la Unión, lo que no ocurría desde el sexenio hace 24 años. También hay que destacar que por primera vez habrá en el Congreso de la Unión una auténtica paridad entre hombres y mujeres.
En las elecciones de diputados locales Morena y sus aliados también lograron significativos avances. De los 26 estados donde hubo renovación de congresos locales, en al menos 19 de ellos los diputados morenistas solos o con sus aliados del PT y PES serán mayoría (Baja California, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas).
Conforme avanzaba el PREP, Morena afianzaba triunfos en las principales capitales y ciudades, alrededor de 252, donde hubo renovación de los ayuntamientos, inclusive en entidades de larga tradición priista y panista, como el Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Sonora, Sinaloa.
En general, Morena gobernará alrededor de 56 millones de mexicanos, esto es el 47% de la población nacional.
Hubo en esta elección concurrente una alta participación ciudadana. Según el Instituto Nacional Electoral, acudieron a las urnas más del 60 por ciento de los 89 millones 123 mil 355 ciudadanos con derecho a votar.
Este es el nuevo mapa político electoral conformado --esto es importante subrayarlo-- no por la clase política y gobiernos sino por los ciudadanos que castigaron a la partidocracia, a los gobernantes corruptos e ineficientes y rescataron en forma pacífica, con apego a la ley y valor cívico nuestra deteriorada y simulada democracia.
Corresponde ahora a los nuevos gobernantes honrar este esfuerzo ciudadano y acatar el mandato popular de crear un nuevo régimen político que ponga fin a la corrupción y la impunidad, con un gobierno incluyente, una auténtica división de poderes y un Estado de derecho realmente sustentado en la ley y la justicia.
Es evidente que el obsoleto entramado institucional vigente durante los últimos años ya no da para más. Para consolidar un régimen político democrático, se requieren cambios profundos en el sistema de partidos que dejaron de ser entidades de interés público, empezando por reducir las prerrogativas absurdas que se les confieren y elevar el porcentaje para obtener y mantener su registro electoral.
Es obligado, si en verdad queremos se fortalezca nuestro incipiente sistema democrático, incorporar en la Ley Electoral la segunda vuelta en los comicios y suprimir la reelección de los gobernantes, diputados y senadores, así como también substituir en el sistema de representación electoral las figuras de mayoría simple y proporcional que se prestan para toda clase de artimañas, tanto de los partidos mayoritarios como minoritarios para simular alianzas y coaliciones para salvar el registro y tener representación en el Congreso de la Unión.
La premisa de una auténtica democracia de representación debe ser el principio “un ciudadano un voto”, lo que permitiría suprimir el viciado esquema de la sobre y sub representación y establecer un parámetro más equitativo como el de asignar conforme al porcentaje de votación de cada partido, el número de escaños legislativos a que tiene derecho.
Eso permitiría un real contrapeso al presidencialismo e inclusive podría ser una plataforma para dar el salto a un régimen parlamentario o al menos semiparlamentario.
Finalmente, pero no por ello en última instancia. La participación social es fundamental para lograr el cambio del régimen político por el que se pronunciaron los electores.
La historia nos ha enseñado que los cambios a las normas jurídicas y el Estado de derecho son letra muerta si las dejamos en manos de la clase política y gobernantes.
Convoco por ello, a todas y todos los ciudadanos, independientemente de su filias políticas y convicciones ideológicas a no quedarnos de brazos cruzados. Si en verdad queremos un gobierno democrático e incluyente, debemos aprovechar esta oportunidad histórica para hacer valer nuestros derechos no sólo político-electorales, sino también --y en primera instancia--, nuestros derechos sociales y humanos.
De nada sirve la democracia si no se resuelven los graves problemas como el de la inseguridad, la falta de empleos, los bajos salarios, las raquíticas pensiones, la desigualdad social, la pobreza, la inflación, la depreciación del peso, el deficiente servicio educativo y de salud pública, entre otros, que han deteriorado el tejido social y la calidad de vida de los mexicanos.