Denuncian opacidad en proceso de selección de jueces y magistrados
Modificaron términos de la convocatoria para hacer una elección “a modo”, acusa
El Foro Colegio de Abogados AC denunció la falta de trasparencia y la opacidad que ha tenido el procedimiento de selección de jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, el cual ha sufrido diferentes modificaciones que han violentado el proceso y generado una desconfianza entre los participantes.
El presidente de la organización, Miguel Ángel Franco Anaya y el vicepresidente Carlos Martínez García declararon que el proceso de selección está generando un proceso “opaco” que no cumple con los lineamientos expuestos en la convocatoria que están beneficiando a algunos participantes y excluyendo a otros.
Los abogados pertenecientes a este colegio rechazan el proceso de selección de jueces y exigen al Consejo de la Judicatura y al pleno de magistrados del Poder Judicial que trasparenten el procedimiento, den a conocer criterios para seleccionar evaluadores, elaborar exámenes y asignar puntajes, además de hacer públicas actas de calificaciones, resultados de cada aspirante y que se proponga el concurso para garantizar que se apegue a los principios de legalidad y objetividad.
Así lo dio a conocer el
vicepresidente de la agrupación Carlos Martínez García, quien reiteró que el proceso no se ha ajustado en los principios de legalidad y objetividad que “deben garantizar que resulten electos quienes tengan el mejor perfil; se ha faltado al principio de transparencia y no se ha permitido que los sectores más interesados actúen”.
Carlos Martínez García explicó que se intentó recabar información a través de dos solicitudes de información pública al Consejo de la Judicatura, que explica con absoluto desprecio al principio de transparencia y máxima publicidad; respondió con evasivas, inexactitudes, verdades a medias y acuerdos de reserva que no dan información concreta sobre el proceso.
“Éstas y otras omisiones e inconsistencias arrojan serias dudas sobre la objetividad e imparcialidad del concurso y la confiabilidad de los resultados, ya que dotan de una excesiva discrecionalidad al Consejo de la Judicatura y sumada a la negativa de trasparentar el procedimiento, impide garantizar los nombramientos de jueces más preparados y con mayores méritos profesionales e impiden a mejores perfiles el acceso a la judicatura”, comentó el presidente Miguel Ángel Franco.
Añadió que el Colegio de Abogados, preocupado por las múltiples modificaciones a los términos de la convocatoria identificada como CJE/02/2018, por la forma poco trasparente y objetiva en que éste se ha desarrollado, y la limitada y precaria respuesta que el Consejo de la Judicatura del Estado denunciaron públicamente el proceso “a modo” que se planea realizar para la colocaciones de jueces.
Aseguran que el Consejo de la Judicatura trasgrede las disposiciones constitucionales y legales que regulan los concursos de oposición para el nombramiento de jueces y magistrados del poder Judicial, y que con su actuación excesivamente discrecional, se aparta de los principios que los rigen, desacata sus propios acuerdos y violenta las reglas del sistema de carrera judicial que debe privilegiar.
“El Consejo de la Judicatura debe cumplir con los nombramientos, se efectúen mediante el sistema de carrera judicial; estaba obligado a emitir, a través de la Comisión de Carrera Judicial, que preside la consejera Luz Estela Castro Rodríguez, en estatuto de carrera judicial que regule la forma de acceder a los distintos cargos judiciales y establecer un sistema de méritos para que se tomen en cuenta grados académicos, cursos de enseñanzas, entre otros aspectos”, refieren.
En rueda de prensa, los abogados denunciaron que en acato a los lineamientos que establecieron las reglas del concurso, el Consejo también tenía obligación de conformar el “Comité Observador” de las diversas etapas del proceso integrado por el magistrado y representantes, instituciones académicas y representantes de la sociedad civil.
Aseguran que en ni los lineamientos ni en la convocatoria se establecieron con claridad los criterios para asignar calificaciones o puntajes, en las evaluaciones de las diversas etapas y una metodología que garantice la objetividad y la imparcialidad de quienes llevaron a cabo la ponderación, además de que se despreció un concurso de preparación previo a los exámenes de conocimiento teórico y práctico, y tampoco se contó con un programa público de simulación de audiencias.
El presidente del Colegio de Abogados denunció que en un principio se afirmó que existía un Comité de Observación, pero nunca se publicaron los nombres y síntesis curriculares de quienes lo conforman.
“Se hicieron una serie de modificaciones y adiciones a los términos de la convocatoria, se variaron aspectos esenciales del examen de conocimiento generales, se canceló el carácter eliminatorio del examen psicométrico y psicológico, por razones que no se dieron a conocer de manera oportuna y contra lo dispuesto en los referidos lineamientos y en la propia convocatoria, no se publicaron los resultados de los exámenes”, abundaron.