Del terror al horror
En las entidades federativas la impunidad también campea a sus anchas. Se investigan sólo mil 197 denuncias de desaparición forzada en 21 fiscalías generales, que justifican que no hay más indagatorias abiertas, porque la “desaparición de personas particu
La Procuraduría de Justicia Militar anda por las mismas. Sólo tiene en trámite 78 carpetas de investigación en casos de desaparición forzada. No es de extrañar, por tanto, que únicamente se hayan emitido 12 sentencias firmes condenatorias por desaparición forzada, ninguna de ellas en casos de menores.
La otra cara de esta ficción de justicia es la indolencia e ineficiencia de una política pública para prevenir, asistir y sancionar la desaparición forzada de menores que por lo general terminan en tragedias.
Para empezar, los programas de búsquedas de menores, el de Alerta Amber y el Protocolo Alba, son burocráticos, rara vez se aplican y cuando los activan, son tardíos, como lo demostró el caso de Rafita, el cual se atendió 30 horas después del reporte de su desaparición y que en opinión de familiares y vecinos la búsqueda se les endosó a ellos, que fueron quienes localizaron su cadáver, por el aviso de un vecino que vio cuando arrojaron el cuerpo del niño en un terreno baldío.
Espero que el reclamo de justicia de los familiares y vecinos de Rafita sea atendido por la Fiscalía y el Gobierno del Estado. No vaya a incurrir otra vez Javier Corral en descalificaciones como las hizo a Norma Andrade y José Luis Castillo, a quienes acusó de tener “motivaciones personales o políticas”, cuando le reclamaron su indolencia.
La desaparición de niñas, niños y el feminicidio, no es un asunto personal como dice Javier Corral, sino una grave violación de los derechos humanos y por tanto, un asunto de Estado.
Bastante grave es vivir entre el terror y el horror para todavía lidiar con la simulación.