Las diferencias
Apenas transcurrieron tres días de
que Javier Corral Jurado estuvo en Ciudad Juárez con el presidente electo en su primer foro para “La paz y la reconciliación nacional” y en otros eventos, cuando lo criticó en medios nacionales, y lo hace en el estado por el uso del “perdón y olvido” en su campaña pacificadora. Lo acusa de brindar impunidad al régimen de Peña Nieto y de traicionar la voluntad popular, que harta de la corrupción política, el primero de julio dio el triunfo electoral a los candidatos de Morena.
Al cuestionarlo pasa por alto la fortaleza que blinda a López Obrador de sus ataques y, envidioso de la popularidad de su potencial rival, muestra su prisa de trepar a su plataforma para polemizar su actuación a nivel nacional, para buscar el “perdón y olvido” de los chihuahuenses a su gobierno, por los incontables yerros cometidos en su administración. Así, recurre de nueva cuenta a la estrategia que ha seguido durante su mandato, para desatender las obligaciones que le impone su cargo y suplir con sus disertaciones belicosas las tareas que debiendo cumplir para el bienestar de sus paisanos, que en realidad sí tiene en el olvido, perdió de vista que en política las recriminaciones se toman de quien vienen y sólo se reconocen las de los iguales, cualidad lejana en ambos personajes separados por enormes diferencias.
La primera discrepancia reside en que Corral Jurado actualmente desempeña su cargo, mientras el amonestado asumirá la Presidencia el próximo diciembre, y en tanto, le es permisible enunciar su plan de gobierno, la manera y los medios para llevar a cabo sus proyectos, sin traducirse todavía en actos de gobierno que se puedan enjuiciar, como si ya hubiese tomado posesión, porque eso aún no ocurre. Esta circunstancia escapa a la agudeza del apresurado polemista, que ansioso ya de entrar en combate anticipa vísperas, sin considerar que atacarlo durante el largo lapso que media entre la elección y la toma de protesta, lejos de dañar, beneficia al futuro mandatario, pues obligado a mantenerse en contacto con la ciudadanía, para conservar su popularidad, las reconvenciones lo conectan con sus seguidores.
La segunda discrepancia importante es que el criticado goza de la confianza que le entregaron más de la mitad de los votantes de su elección, y
contrasta con el desencanto, ya generalizado en la población, por la frivolidad que desde que tomó posesión advierten en el desempeño de Corral Jurado. Aquel conserva la simpatía popular, pese a las opiniones encontradas que levantan las estrategias heterodoxas que enuncia para disminuir la inseguridad y combatir la corrupción, sin que el detractor tampoco perciba que el PRI y su partido político, cuando ocupó la Presidencia, fracasaron rotundamente en este rubro. De ahí que intentar nuevas rutas para conciliar los factores sociales que provocan la primera y fomentan la segunda en nada traicionan la voluntad popular, atraída, según afirma el crítico, por su promesa de combatirlas, volcada a su favor el primero de julio, y menos tome el “perdón y olvido” que pregona como mensaje dirigido a quienes, tildándolo de vengativo, temen su arribo al más alto puesto de la república.
En contrapartida, al capital político del presidente electo y su holgura para hacer señalamientos como el criticado por el gobernador, este malgastó —hasta extinguir en su breve gestión— el bono democrático que lo llevó al poder, que con la debida proporción, comparando el padrón electoral estatal y el federal, fue superior al que aquel obtuvo, y que su indolente forma de conducir el gobierno despilfarró hasta perderlo totalmente. Más, cuando lejos de proponer algo novedoso y efectivo para acabar con la corrupción rampante que imperó en el sexenio de César Duarte y produjo el hartazgo que esgrime en su crítica y ahora genera su administración, a nivel local también sirvió de soporte a su triunfo comicial, y en vez de extirparla de raíz para recuperar terreno perdido, siembra en su gobierno, excediendo a su antecesor en las prácticas que fomentan la ilegalidad, ocultas en balandronadas y simulaciones retóricas con que arropa las trampas que urde en actos de trascendencia para enfrentarla y sanear la administración pública.
Un solo ejemplo ilustra las argucias legaloides de Javier Corral, semejantes a las de su antecesor, pues mientras viola la esencia normativa de las instituciones, finge cumplir la ley para revestir su actuación de refulgente apego al derecho, cuyo sólo respeto preconiza. En breve, de la terna que presentó el panel de especialistas, que junto con el Ejecutivo integró para tal fin, el Congreso designará al auditor superior del estado, nombramiento que plantea como insoslayables las siguientes preguntas: ¿Cómo constituyeron un panel de especialistas cuando sólo tres de sus miembros profesionalmente se relacionan con la ciencia de la administración, y de ellos sólo uno con la fiscalización pública? Otros tres pertenecen a la iniciativa privada, ocupados en sus negocios particulares, sin nexos ni experiencia en el sector público, si por mandato constitucional el panel debe integrarse con expertos en la auditoria gubernamental, pues exige que sean versados en materia de control, auditoría financiera y responsabilidades administrativas, materias que ha de dominar la persona que designen; ¿o acaso el sólo uso del adjetivo (especialistas) basta para que el panel cumpla satisfactoriamente su cometido de nombrar a la persona idónea para que vigile la correcta aplicación de los recursos del estado y evite saqueos como el que lo llevó a la bancarrota?
Del procedimiento de selección se observa la omisión de los panelistas de hacer constar en la minuta de la sesión de 14 de agosto en que eligieron la terna, si tenían algún conflicto de interés que les impidiera votar a los aspirantes, pues en el segundo párrafo de la página 4 sólo asentaron la manifestación de estos en sentido negativo, expresando la ausencia de cualquier incompatibilidad, sin que por tanto exista pronunciamiento del Pleno del Panel al respecto, como lo exige el artículo 83 nos de la Constitución, siendo que en la etapa de entrevistas tres de los panelistas se excusaron de interrogar a l concursante Luis Raúl Olivas, aduciendo motivos de amistad con dicha persona; y en la referida minuta se aprecia que lo seleccionaron para que integrara la terna, lo que a simple vista es inadmisible, porque si en la entrevista rehusaron interrogarlo considerando estar impedidos por razones de amistad, ese conflicto de interés trasciende a la elección y hace suponer que sufragaron para beneficiarlo, en perjuicio de los otros concursantes, pues el documento no identifica a los seis panelistas que votaron a su favor, en los que pudieron incluirse, lo que resta trasparencia al procedimiento y genera incertidumbre respecto a quiénes lo postulan para el cargo, opacidad que impide a los inconformes con el resultado combatirlo adecuadamente.
La minuta consigna que en la primera selección Armando Valenzuela Beltrán y Héctor Alberto Acosta Félix lograron siete votos cada uno, pasando a formar terna, y Luis Raúl Olivas empató con Mónica Vargas Ruiz en seis votos; en la segunda ronda este mantuvo esa votación y su adversaria sólo obtuvo tres, quedando eliminada de la contienda, y ese resultado abre otras interrogantes. En la primera vuelta se agotaron 41 de las 45 opciones que en total tenían los nueve panelistas, en razón de que conforme a la minuta, de los aspirantes con mayor puntuación, cada panelista podía proponer hasta cinco para integrar la terna, quedando definidos 10 concursantes en esa fase del procedimiento, y en la segunda ronda para el desempate de los citados participantes, votaron los nueve los panelistas y escogieron al primeramente mencionado, pasando a sumarse a los electos en la primera selección.
Pero en esa segunda ronda la minuta no registra que alguno de los a panelistas se abstuviera de votar, como lo exige la Regla de Operación número 23. Lo anterior significa que el conflicto de interés expresamente confesado por los indicados en ese documento con los números 3, 4, y 5, que son los técnicos en la materia contable como miembros del Consejo de Contadores Públicos, sólo les impidió inquirir a Luis Raúl Olivas en la entrevista, y así pasó esta etapa del concurso sin que el panel comprobara sus conocimientos en la materia contable, específicamente en auditoria, prueba a la que sí sometieron a todos los demás concursantes.
Entonces, la selección rompió el principio de igualdad que debe regir los concursos de esta naturaleza, atendiendo a reglas irreconciliablemente contradictorias, porque mientras el Pleno del panel consideró que la militancia en un partido político no entraña un conflicto de interés del aspirante para ocupar el cargo, razonamiento absurdo, porque ya que se pertenezca al que gobierna, y que será objeto de su fiscalización o a otro contrario, es claro que esa incompatibilidad ideológica afecta la idoneidad del pretenso auditor, al grado de prohibirles la constitución que durante el cargo tengan partido. Amén de que este tema lo discutieron previamente para vacunar a los concursantes predilectos de ese inconveniente, lo que acusa parcialidad, mientras omitieron pronunciarse sobre el tema obligado por la Regla 26, determinando si la amistad con algún concursante les inhabilitaba para votarlo, pues nada dice sobre este punto, como tampoco se ajustó al segundo párrafo de la diversa Regla 19, que exigía que razonaran las designación de las personas propuestas al Congreso para la designación de auditor.
Sin embargo, expresado el interés de tres de los seleccionadores por uno de los concursantes cuando pudieron afectarlo en el área de sus conocimientos, se les permitió votar en su selección, lo que hicieron obviamente en sentido favorable, cuando la Regla 26 sólo permite abstenerse cuando se tenga parentesco dentro del cuarto grado, sin distinguir entre consanguíneo o por afinidad ni contemple la amistad como excusa. Esto revela la antinomia apuntada y la conducta ilegal de los miembros del panel porque, por un lado las Reglas de Operación otorgan libertad a los panelistas para que voten –salvo la mencionada restricción– y, por otro, el Pleno del Panel, con atribuciones de decidir estos asuntos, les dispensa de esa obligación por motivos nimios, no previstos como conflictos de interés; además, sin percatarse de que cualquier abstención impide la configuración de la decisión que nomina al candidato porque exige mayoría calificada, cuya ausencia no permite e interfiere la decisión si ese impedimento no se limita a parientes dentro del cuarto grado.
La farsa de la selección la descubre la carta publicada por el contendiente que estima el favorito de Corral Jurado, agradeciendo al panel la nominación y anuncia su abstención de entrevistar a las y los congresistas para cabildear su designación, pero accederá a conversar con ellos si se lo piden, misiva que además de faltar a la verdad dado que ya los cabildeó, al menos a los de su partido, hiere la dignidad del órgano legislativo del que dependerá, al sugerir tan innecesaria comunicación que lo apoya el Ejecutivo y para nada requiera a los diputados. Cada quien forme su opinión respecto a la citada circunstancia y el perfil del jactancioso aspirante.
Así las cosas, es evidente que Javier Corral Jurado no está políticamente legitimado para criticar los decires de López Obrador. Se ignora si cuando tome posesión del cargo los pondrá en práctica, porque el gobernador, con su actuación concreta y especifica como la reseñada, sigue la tendencia de ilegalidad que prometió combatir.
Última diferencia: uno sólo lo dice y el otro hace.