Buzón privado
Las penas por violación sexual siguen siendo mínimas comparadas con el daño que provocan en las víctimas, el caso recientemente ocurrido en Ciudad Juárez, del menor Rafita, deja en claro que un ofensor como el que fue presentado como presunto responsable de los hechos puede gozar de libertad aun y cuando haya cometido crímenes similares con anterioridad.
Resulta que el joven de 23 años que aparece como presunto responsable ya había cometido agresión sexual pero en contra de una niña en el 2015, apenas hace tres años y ya estaba en libertad.
Aunque en febrero de este año el Congreso del Estado aprobó aumentar penas por el delito de violación, logrando como sanción máxima los 20 años, queda pendiente el tema de la castración química en contra de este tipo de ofensores.
El año pasado 636 niñas y adolescentes fueron víctimas de violación en el estado de Chihuahua, representando casi la mitad de los ataques sexuales registrados contra mujeres en la entidad.
Desde el 2014, la entidad se posiciona entre el primer y tercer lugar en casos de violación en contra de menores, lo que habla de la magnitud del problema, de esta situación que a duras penas se menciona.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con una tendencia creciente, registrando en julio del año pasado una tasa de 31 denuncias por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional que fue de 13.8 casos.
Los datos reflejan una parte mínima del problema, de acuerdo a información de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el número de violaciones que no se denuncian o no se registran ronda el 94 por ciento, indicador alarmante si se considera que Chihuahua se ubica entre los primeros lugares de embarazos en adolescentes.
Las menores de edad son las principales víctimas de agresores sexuales, siendo el rango de 0 a 17 años el que encabeza la lista de violaciones registradas en Chihuahua por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aún así, hay quien se horroriza por los spots radiofónicos y televisivos en los que se aborda el tema del abuso sexual y la violación, bajo el lema de “El abuso infantil debe acabar. No te calles”.
Las penas deben ser cada vez más duras y la castración química debe estar incluida en los métodos para controlar a los ofensores sexuales. El caso de Rafita, aunque aún no se ha logrado determinar si efectivamente las intenciones del presunto eran en este sentido, demandan el análisis inmediato de las medidas y políticas públicas que se están asumiendo para evitar que nuestros niños estén expuestos a los pederastas.
Pero no sólo es responsabilidad del Estado, las familias debemos estar atentas, educar a los menores, cuidarlos y velar porque nadie más, nunca más, quebrante su inocencia.