Gastó TSJ $330 mil en café y galletas en 2016, a sobreprecio
En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua durante el año 2016, cuando estaba a cargo el magistrado presidente Gabriel Sepúlveda Reyes, se gastaron poco más de 330 mil pesos en café y galletas para los magistrados, que fueron adquiridos a una empresa que además se las vendió a un sobreprecio.
Dentro del informe elaborado por la Auditoría Superior del Estado, del ejercicio fiscal de este organismo de justicia, explica que del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, el presidente y varios directivos o colaboradores ejercieron irregularmente 300 millones de pesos entre diferentes conceptos como pagos, contrataciones y demás cuestiones.
En ese periodo el Tribunal Superior pagó 400 unidades de café soluble (200gr) a 198 pesos por pieza, cuando el costo real es de 99 pesos, además se compraron dos mil 540 piezas de surtido de galletas (32 paketines) a 99 pesos por unidad, cuando el costo real era de 79 pesos por cada paquete.
Es decir, para comprar café y galletas para los magistrados del Tribunal Superior se gastaron 330 mil 660 pesos, 90 mil 400 pesos más de lo que verdaderamente debieron pagar por estos productos, según lo señalado por la Auditoría Superior, que según este comparativo hubo decenas de casos donde el organismo pagó más o no justificó otras cantidades.
Del total del pago se podría establecer que el Tribunal Superior de Justicia pagó 27 mil 555 pesos cada mes por concepto de galletas y café para los trabajadores del Poder Judicial, lo cual benefició a una empresa que no está identificada en el informe, que se entregó a la Fiscalía General del Estado.
La ASE realizó un comparativo de precios de los consumibles entregados durante los ‘coffee break’ adquiridos con los precios a una empresa, obteniendo como resultado que se pagó un sobreprecio por un total de 90 mil 400 pesos y la erogación no se ajusta a los criterios de economía y transparencia previstos por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el informe explica que por este motivo se presume un daño a la Hacienda Pública por un total de 90 mil 400 pesos, incumpliendo lo establecido en el artículo 201 fracción VI y XIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el cual señala la obligación al director general de Administración de implementar y elaborar las políticas para la adquisición de bienes y procurar los servicios que requieran las oficinas del Poder Judicial, así como de coordinar y vigilar los servicios de proveeduría.