Controversia constitucional contra la designación del auditor y fiscal anticorrupción
Acusan al gobernador Corral de manipular el proceso para nombrar funcionarios afines con el fin de autoblindarse
El argumento de las demandas presentadas por separado, una ante la Corte, señala que un grupo de particulares externos a los poderes públicos, con instrucciones de Corral Jurado, serán quienes definan las ternas para ambos cargos, pero previamente ya fueron electos por el mandatario estatal, por lo que todo ha sido simulado.
La Corte recibió las demandas y en las próximas horas decidirá si admite o rechaza la revisión constitucional que plantean los presidentes municipales del PRI de toda la entidad.
Las demandas consideran que carecen de validez legal los procedimientos diseñados por el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo para designar al auditor superior, que depende del Legislativo, y al fiscal anticorrupción que estará adscrito a la Fiscalía General Estatal, pues son actores externos afines al gobernador Corral los que integran las ternas, ya formulada en el primer caso y por formularse en el segundo.
Exponen que para ambos casos se integraron paneles de especialistas ciudadanos, externos a ambos poderes, para “de manera parcial” abocarse a la selección de perfiles a modo, para que sean designados por un Congreso de mayoría panista, antes de que concluya la legislatura actual, que finaliza en este mes de agosto.
Ese método vulnera la independencia del Poder Legislativo, es una intromisión del Ejecutivo que busca simular las designaciones que dicta el gobernador del estado, consideran.
Según las demandas, se trata de una violación al principio de la separación de poderes, en el caso de la Auditoría Superior del Estado el nombramiento es una facultad del Congreso del Estado, por tratarse de un órgano interno, y con la designación de panelistas por parte del Ejecutivo, hay una invasión clara a las facultades del Legislativo.
Ello representa un vicio de origen que debe anular el procedimiento, de acuerdo con la argumentación de los presidentes municipales, quienes contrataron un despacho de abogados en la Ciudad de México para llevar el proceso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La SCJN dio a conocer en su listado de notificaciones las primeras demandas recibidas, de los presidentes municipales de Guadalupe y Calvo y Jiménez, Noel Chávez y José Arnoldo Abes, cada uno con dos, una por el proceso para la designación de auditor superior del estado y otra por el de fiscal anticorrupción; ésas se habían acumulado hasta el pasado 16 de agosto, y habían sido presentadas una semana antes, pero hasta ayer habían sido ingresadas otras más y fuentes del PRI corroboraron que serán los 22 alcaldes del tricolor en el estado los que habrán de recurrir al juicio constitucional.