Acusa PGR por venta de plaza al “enfermero de la muerte”
El juez federal solicitó al Ministerio Público Federal (PGR) que reformulara la acusación con delitos como fraude, utilización de documentos apócrifos, y otros ilícitos que se deben de presentar en una nueva audiencia en los juzgados federales.
En la primera imputación (acusación) que presentó la Procuraduría General de la República, no pudo ser acreditada la comisión de este delito, por lo que las investigación en contra del llamado enfermero de la muerte continúan por parte de la Fiscalía General del Estado, en el caso del homicidio de Hazael Díaz y los cinco integrantes de la familia Romero Armendáriz.
La audiencia en los juzgados federales se celebró el pasado miércoles 15 de agosto.
Jorge Ceballos Almengor es acusado de 7 homicidios por la Fiscalía General del Estado, pero hasta el momento se le ha vinculado por el de la asistente médica Laura Soto, quien era empleada de la clínica 2 de la colonia Nombre de Dios.
Soto López en el exterior de la Guardería número 1 del IMSS, en la calle Ortiz de Campos, en hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2017.
Dicho crimen ocurrió el 6 de diciembre de 2017, un día antes del homicidio, la mujer fue citada frente a la guardería del IMSS en la calle Ortiz de Campos, de la colonia San Felipe Viejo, a las 9:00 horas. Ahí murió, luego de ser baleada presuntamente por Ceballos Almengor.
Además al ahora imputado se le atribuye el homicidio de Hazael Díaz, ocurrido el 28 de enero de 2018, en el parque Hundido de El Palomar.
Hazael Díaz le había entregado 100 mil pesos para que le consiguiera una plaza en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La plaza que le había ofrecido era para trabajar en el departamento de Almacén del IMSS en la delegación Chihuahua. Hazael Díaz fue citado por Jorge Ceballos en el citado parque, donde posteriormente le privaría de la existencia, de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público.
A Jorge Ceballos Almengor se le atribuye el homicidio de cinco integrantes de la familia Romero Armendáriz, a quienes también privó de la existencia por la venta de un riñón, situación que nunca fue concretada y para evitar regresar los 500 mil pesos que le pagaron por el órgano, decidió privar de la vida a: María Romero Armendáriz, Ricardo Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz Barraza.