Retoman plantón indígenas de Bocoyna
Denuncian oídos sordos de Gobierno por agresiones de policías
Integrantes de la comunidad indígena de La Laguna, del municipio de Bocoyna, regresaron a exigir ser atendidos por la empresa TransCanada, denunciar las represalias de Gobierno del Estado y de la FGE. Los indígenas exigen respeto a sus derechos, castigo a los agentes que los desalojaron sin orden judicial, pago equitativo por la afectación de sus tierras a consecuencia de la construcción del gasoducto Topolobampo a El Encino, y que gobierno y la empresa atiendan sus demandas.
Frente a Palacio de Gobierno, en la plaza Hidalgo colocaron una gran manta en la que se puede leer: “Gobierno represor 15 indígenas golpeados, torturados y privados de la libertad”.
La semana pasada mantuvieron el plantón de lunes a viernes, luego lo levantaron para ir a su comunidad a descansar y a partir de este martes reiniciaron sus actividades de exigencia; en esta ocasión se les unieron indígenas de comunidades de San Elías, quienes desplegaron diversas cartulinas con mensajes de protesta.
La exigencia es la misma: trato igualitario y pago digno por el paso de servidumbre, ya que la empresa TransCanadá les hizo fraude al no pagar lo justo por las tierras y la afectación que causaron con la obra; en comunidades aledañas con menor afectación pagaron 24 millones de pesos, al comisariado ejidal de La Laguna le dieron 4 millones, de los cuales sólo dos les repartió a los comuneros, tocándoles 9 mil pesos. El resto no saben dónde quedó, tampoco la madera de los pinos que talaron para el paso del gasoducto. De octubre de 2017 a la fecha, se han saqueado 2 mil hectáreas de bosque en la comunidad.
Uno de los tres representantes legales, Luis Carlos Ramírez Flores, detalló que los contratos se hicieron sin la presencia de un traductor y un representante legal, muchos de los comuneros no saben leer ni escribir, situación que aprovecharon.
Desde el domingo en la noche arribaron a esta capital 118 comuneros para exigir respeto a sus derechos, sin embargo han encontrado oídos sordos en las autoridades estatales. “El licenciado Joel Gallegos está muy coludido con la compañía porque lejos de ayudarnos, mandó a Salvador Moreno, quien movió a más policías en nuestra contra”, dijo Bernardino González Vázquez.
Los integrantes de la comunidad indígena, hombres, mujeres y jóvenes, exigieron una mesa de negociación con la empresa a fin de que se les pague lo justo por la afectación que causaron.
Argumentan que en algunos ejidos aledaños les pagaron 250 mil pesos por comunero, por una afectación menor, cuando a ellos les pagaron 9 mil pesos por más de 20 kilómetros y un lapso de 30 años.