Primero alegó PGR que era delito federal y al final no quiso acusarlo
Dio diferentes argumentos hasta que atrajo el caso y logró que un juez lo sobreyera, al no haber pruebas del desvío de $250 millones
En los 6 intentos registrados por lograr la liberación del exsecretario general del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez “la Coneja”, la Procuraduría General de la República ha utilizado 4 argumentos diferentes: que era delito electoral federal, que había sido torturado, que el ilícito y los daños eran contra la Federación y finalmente que no hay evidencia para procesarlo.
Desde enero hasta agosto, el Ministerio Público Federal o la defensa del imputado, acusado de peculado por 250 millones de pesos, han cambiado los alegatos centrales de los procesos iniciados por el Ministerio Público Estatal, de acuerdo a los expedientes de las causas penales estatales, que posteriormente fueron federalizadas.
El exsenador y exaspirante a la gubernatura de Coahuila por el PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, fue detenido en Saltillo el 20 de diciembre del año pasado, por una orden de aprehensión por el delito de peculado; el 2 de enero le fue formulada otra imputación por otro delito de peculado, que sumaban ambas 250 millones de pesos.
La primera causa fue por llevarse 246 millones de pesos de Chihuahua, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público depositara esa cantidad a las arcas estatales, mediante convenios con la Secretaría de Educación, sin embargo los recursos se extrajeron de otras cuentas del erario estatal, diferentes a las que sirvieron para que se depositara el recurso federal. La segunda causa fue por el uso de su empresa Jet Combustibles, para cobrarle al Gobierno del Estado servicios simulados de transporte, según las acusaciones.
Según las acusaciones formuladas ante los jueces locales que vincularon a proceso a Gutiérrez y le dictaron la prisión preventiva por el riesgo de fuga, los elementos de prueba eran los testimonios de dos testigos con identidad reservada, así como los documentos que mostraban el origen y destino del dinero, los contratos con empresas “facturadoras” que diseñaron otros dos detenidos de la administración de César Duarte, Gerardo Villegas y Antonio Tarín, exdirectores de Administración y Adquisiciones; así como los testimonios de dos sentenciados por el mismo delito de desvío de recursos públicos; el exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez y la exadministradora de Educación, Karla Jurado, quienes involucraron a “la Coneja” en la operación para la extracción indebida de recursos.
Luego de esas acusaciones, el 10 de enero de este año la Procuraduría General de la República ordenó una investigación por tortura contra Gutiérrez, la cual concluyó en marzo, determinándose por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, que el detenido había sido tratado conforme a la ley. La acusación de tortura fue descalificada por el gobernador Javier Corral, como una estrategia para liberarlo, pues la PGR pidió que fuera trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social, lo que la autoridad estatal jamás aceptó, ya que incluso jamás había requerido a “la Coneja” para interrogarlo, lo que hacía increíble el alegato de que había sido torturado.
Para el 22 de enero, cuando se había desvanecido el argumento de la tortura, fue la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR, a través de su titular Héctor Díaz Santana, quien anunció la atracción del caso por tratarse de un delito electoral con recursos federales. Ante la negativa de la Fiscalía General del Estado de entregar a “la Coneja” y las causas penales relacionadas, se acordó la intervención de la Fepade exclusivamente en la investigación por probables delitos electorales.
Tras el argumento del delito electoral ante el que no cedió la FGE, el 11 de mayo, luego de semanas de litigios, el juez federal de Control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se declaró competente para conocer todas las causas penales contra Alejandro Gutiérrez, es decir que consideró todos los delitos como federales y como tales, deberían juzgarse en esa jurisdicción. Aunque semanas después los tribunales colegiados corrigieron algunos aspectos procedimentales, las causas penales locales terminaron por “federalizarse”, aun con un cambio de juez que ordenó el Consejo de la Judicatura Federal.
Al ser federalizadas todas las causas, el viernes 31 de agosto el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia sobreseyó el caso contra “la Coneja”, debido a que el Ministerio Público Federal consideró que no había elementos de prueba para imputarle algún delito, pues ni siquiera existía delito, según la argumentación de la parte acusadora, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se consideraba víctima de alguno y por lo tanto no procedía una acción penal.