“No puede salir el sol...”

“No puede salir el sol, la tierra metió reversa; primero perdió el control, y luego perdió la fuerza, es que… en verdad, le hacen al monje con facilidad…”. El inolvidable Pedro Infante entonaba con jocosa alegría este paseíllo de la inspiración de Rubén Méndez del Castillo (autor de Pénjamo), a cuyo ingenio musical se debe que después de sesenta años de deleitar a los radioescuchas de entonces, en nuestro estado su estribillo enuncie el fiasco de un gobernador que prometió un inmediato “nuevo amanecer”, y a la mitad de su periodo no cruce la negra noche que eterniza su gestión al fracasar las estrategias empleadas para avivar la administración pública.

En este tema es de referencia obligada la situación prevaleciente en el Poder Judicial del Estado, porque la impartición de justicia, como en otras áreas de la administración pública, ha retrocedido a niveles nunca antes vistos, atravesando una grave crisis provocada, en gran medida, por la invasión del gobernador a su ámbito, que le es ajeno y debe respetar. Aun cuando como candidato le estaba permitido el manejo de su problemática como bandera política, en el ejercicio del cargo tiene prohibido intervenir en sus decisiones, como lo hace cotidianamente, aunque con frecuencia se diga obediente de la división de poderes.

Así, la alusión al Poder Judicial deriva de que restaurarlo fue pivote de la campaña de Corral Jurado y es eje central de su actuación gubernamental, que por ahora no le reditúa ninguna mejoría, sino ha empeorado su situación, no obstante que resolver sus deficiencias no requiere de fuertes inversiones como las exigen otras dependencias, que sólo reside en aplicar irrestrictamente la ley, tarea olvidada por este régimen, pues al contrario, sobre la corrupción que propuso erradicar para rehabilitarlo, se cimenta la que empezó su gobierno. Entonces, son los tribunales los que más claramente reflejan la frustración del gobierno del “nuevo amanecer”.

Recordemos que la destitución de los trece magistrados que “oxigenaron” el Tribunal Superior de Justicia fue pilar de su política judicial y el pretexto de su intromisión en ese órgano, por eso inició las reformas legales que funcionalmente los fulminarían. Este 29 de agosto esa estrategia terminó en el cesto de la basura, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación arroja las normas inconstitucionales, sin causar el más mínimo efecto en la inamovilidad de dichos funcionarios que permanecen en sus cargos, aparentemente ya a salvo de futuras acciones que los priven de sus nombramientos.

La compactación política de este grupo de magistrados en las determinaciones del Poder Judicial lo impelió a proponer el nombramiento de otros siete de su absoluta afinidad, con el propósito de vencer numéricamente la votación que amenaza sus designios en la impartición de justicia. Esa designación cobró específica importancia política cuando la Suprema Corte subordinó al Consejo de la Judicatura estatal al Pleno de sus magistrados, arrebatándole la espada que pendía sobre las cabezas de los que quería defenestrar, pues atribuyó a dicho órgano administrativo facultades para destituirlos, pero a partir del 29 de agosto en que notificó su fallo, al parecer invirtió el orden de lo programado poniendo en riesgo los cargos de consejeros, magistrados y jueces designados conforme las reformas impulsadas por Corral Jurado, dependiendo del cumplimiento que se dé a la sentencia del máximo tribunal.

El resultado adverso mencionado frustra la posibilidad de excluir a los magistrados “duartistas”, como era su propósito, y en resumen sólo incrementó el número de funcionarios que forman el tribunal, y en consecuencia sus gastos de operación. Lo peor de este imprevisto es su derivación de politiquerías verdaderamente “aldeanas”, diseñadas para mayoritear votaciones y no resolver necesidades del servicio de justicia, que lo llevaron a imitar las burdas prácticas parlamentarias que tanto sufrió y combatió su partido en los órganos colegiados.

Además de configurar su Consejo de la Judicatura con exceso de atribuciones (de cuestionada existencia después del citado fallo), sobrepuso la actividad administrativa a la jurisdiccional, discriminando esta función, la cual constituye la razón de ser del Poder Judicial, y en lo trascurrido del actual gobierno depositó en los consejeros, cuyas perennes reuniones en nada contribuyen a mejorar el servicio de justicia, pues persisten las ancestrales fallas en perjuicio de los justiciables que sufren la dilación en la resolución de los asuntos de que conocen, sobre todo los juzgados de primera instancia del ramo civil, que aquellos altos funcionarios no consideran dignos de su atención, pues no se sabe de ninguna medida que proponga aliviar sus cargas de trabajo y procure celeridad en sus decisiones.

Peor resulta una nueva modalidad institucionalizada por Javier Corral en la designación de los magistrados, que afecta de manera importante su presupuesto y en mayor medida su dignidad y decoro, en demérito no sólo al Poder Judicial sino de toda la estructura gubernamental. En aras del absolutismo, para concentrar un poder unipersonal, modificó la Ley Orgánica del

Poder Judicial para que de las ternas de los aspirantes a ocupar dichos cargos que este le envíe, designe de cada una al que decida proponer al Congreso, para que a su vez este lo nombre. En esa ambición acaparadora de las funciones públicas y obtener la aprobación de los diputados a la planilla que les hizo llegar, hubo de “consensuarla” con los representantes de las diversas fracciones que integran el Poder Legislativo, instaló el sistema de cuotas de poder y los “estimuló” otorgándoles beneficios propios de una investigación por faltas oficiales, no de un artículo periodístico, pero que encarecen el servicio de justicia, pues constituyen regalías de tufo priísta que con ferocidad reprochó al gobierno anterior y que rápido aprendió a usar sin el menor recato político.

Olvida que un gobierno democrático exige a sus funcionarios, en los ámbitos de sus competencias, asumir las responsabilidades derivadas de sus actos; y los diputados como tales han de elegir libremente a los magistrados, sin lucrar con “moches” o prebendas de ninguna especie, ni aprobar bajo esquemas de intercambios a los que unilateralmente les propuso, sino rechazar a quienes no reunieran los méritos requeridos para el desempeño del cargo y escoger los mejores perfiles, pero jamás cobrar por la emisión

de su voto en el sentido sugerido, ni el proponente pagar para que votaran en favor de sus preferidos, como ocurrió; menos cuando, a pesar de lo tortuoso y manipulado del examen de selección a que se sujetaron los aspirantes que integraron la lista de candidatos, resultaron ganadores con prendas de intachable conducta personal y profesional, de probidad y honorabilidad reconocidas, y que sin duda harían un papel digno, a la altura de los inaplazables exigencias del sistema de justicia, salvo algunos con los que se cubrieron cuotas de poder por su relación con el gran elector.

Entonces, este gobierno recurrió a los vicios criticados a Duarte Jáquez e impregnó sus efectos a todos los que de cualquier forma participaron en la designación de magistrados, tengan o no responsabilidad en su comisión. En primer lugar, incluye injustamente a los que merecían recibir dichos nombramientos, y ahora por la sola circunstancia de habérseles discernido en una trama de corruptelas, como pasó a los magistrados con méritos que incluyeron en las trece designaciones combatidas, soportaran el estigma de que su puesto fue tasado en un precio que los excederá en el cargo.

Tampoco, justo es decirlo, todos los diputados recibieron beneficios a cambio de su voto, pero debieron nombrar a los que tuvieran los atributos requeridos y las mejores dotes para desempeñar la judicatura, con abstracción de la recomendación gubernamental. Pero en su totalidad están envueltos en una política de intercambio de favores que entrañan gastos extraordinarios dispensados a los que intervinieron en la componenda para hacer mayoría, que los mancha por igual, pues los inculpa con una lógica muy simple: la mayoría de la legislatura exige prebendas por cargos judiciales. El aborrecido “toma y daca” tan reprochado por los candidatos panistas en las campañas políticas, los ubica sin excepción en esa podredumbre que cuesta dinero al pueblo, mientras espera el “nuevo amanecer”.

Y para no abandonar el ambiente musical es propio recordar otra canción popular de otro Méndez ilustre, Tomás, que dice: “...ya me canso de llorar y no amanece...”.