ARGUMENTOS CON UN MISMO FIN: LIBERAR A LA CONEJA

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PRIMERO FUE LA TORTURA. El 10 de enero se ordenó una investigación por supuestos actos de tortura, que había denunciado Alejandro Gutiérrez, razón por la cual la PGR solicitó tenerlo bajo su custodia e incluso liberarlo; en marzo las instancias de derechos humanos determinaron que no había indicios de tal delito en su contra y que ni siquiera había declarado ante la autoridad.

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LUEGO EL DELITO ELECTORAL. El 22 de enero, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR anunció que ejercería su facultad de atracción, pues al haber sido desviados 250 millones de pesos a campañas políticas del PRI, esto se investigaría como peculado electoral federal.

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SIGUIÓ LA FEDERALIZACIÓN DE LAS CAUSAS PENALES. El 11 de mayo un juez federal de la Ciudad de México, Gerardo Moreno, ahora removido, se declara competente para atraer las dos acusaciones de peculado que enfrenta Alejandro Gutiérrez en Chihuahua, ordenando su traslado inmediato al Reclusorio Norte de la capital del país, dado que se trata de delitos federales, no estatales.

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FINALMENTE: NO HAY PRUEBAS. El 31 de agosto el juez federal Marco Antonio Fuerte, desde la Ciudad de México, determina sobreseer el caso penal contra Alejandro Gutiérrez, porque el Ministerio Público Federal dice que no tiene pruebas para acusarlo ni existe delito qué perseguir.