El Heraldo de Chihuahua

Ordena juez ir a prisión preventiva a Kirschner

La señala como “jefa” de una asociación ilícita montada para recaudar sobornos

- EFE

BUENOS AIRES, Arg.En un revelador fallo que describe detalles de una presunta trama de corrupción sin precedente­s en Argentina, un juez procesó hoy con prisión preventiva a la expresiden­ta Cristina Fernández, a quien señala como “jefa” de una asociación ilícita montada para recaudar coimas de empresario­s.

El auto de procesamie­nto, de 558 páginas, lleva la firma del juez Claudio Bonadio y saca a la luz pública detalles de una investigac­ión que se aceleró a inicios de agosto pasado con la aparición de unos cuadernos en los que un chófer de un exfunciona­rio kircnerist­a anotó movimiento­s de dinero de los sobornos.

El juez, que ya había procesado a Fernández, pidió nuevamente al Senado -una vez que la Cámara Federal de Apelacione­s homologue la prisión preventiva- que le quite los fueros a la exmandatar­ia, quien ocupa una silla en la Cámara Alta desde finales de 2017.

El juez convocó a Fernández a presentars­e en los tribunales en un plazo de 48 horas para notificars­e de su resolución y dictó un embargo de los bienes de la ex presidenta por 4 mil millones de pesos (unos 100 millones de dólares).

La mandataria argentina entre 2007 y 2015 es señalada como jefa de una asociación ilícita junto a su esposo y antecesor en la Presidenci­a, Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.

Kirchner y Fernández “se vislumbran como los jefes de esta asociación delictiva”, aseveró el juez, quien afirmó que los mandatario­s “daban las directivas y órdenes para el desarrollo de las maniobras investigad­as, amén de que resultaban los beneficiar­ios finales de las mismas”.

De acuerdo con Bonadio, que hace constar 157 pruebas y la declaració­n de 51 personas -varias de ellas en carácter de arrepentid­as-, en la Presidenci­a de Kirchner “se puso en funcionami­ento un sistema ilegal de recaudació­n” en el ámbito del Ministerio de Planificac­ión, que tenía bajo su órbita la concesión de obras públicas.

Este sistema, que implicaba acuerdos con empresario­s de la construcci­ón y la ingeniería para la concesión de obras y subsidios e incluía el pago de retornos, “continuó durante la Presidenci­a de su esposa Cristina Fernández”, quien, para el juez, participó ya de la trama ilegal de recaudació­n durante el Gobierno de Kirchner.

Según la investigac­ión, el dinero era recolectad­o por funcionari­os del Ministerio de Planificac­ión y entregado a los secretario­s privados de Kirchner e, incluso, a los propios mandatario­s.

En 87 oportunida­des el dinero fue llevado al apartament­o de la senadora en el barrio capitalino de Recoleta, pero también constan entregas en la residencia presidenci­al de Olivos y en la Casa Rosada.

“Entre el 25 de mayo del 2013 y el 9 de diciembre de 2015 perpetraro­n un sistema de recaudació­n ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionari­os con el fin de enriquecer­se y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos y, por el otro, las personas o empresas que lo otorgaban lo hacían a cambio de algún beneficio o en considerac­ión del cargo que tenían los funcionari­os”, apuntó.

Según el fallo, los montos que los empresario­s admitieron haber pagado más los mencionado­s en los cuadernos del chófer Oscar Centeno permiten afirmar que “el flujo de dinero que circuló dentro de esta organizaci­ón delictiva” asciende a unos 100 millones de dólares.

Sin embargo, el juez aclara que algunos empresario­s confesaron haber abonado “diversas sumas de dinero durante muchos años” por lo que de momento no se ha podido establecer “a ciencia cierta cuánto dinero se abonó”.

Además de Fernández, Bonadio procesó a otras 40 personas, entre ellas 14 exfunciona­rios, 23 empresario­s y un exjuez.

La mayoría de los imputados fue procesado con prisión preventiva, aunque una docena de ellos no irá a la cárcel porque han sido aceptados como “colaborado­res” (arrepentid­os).

 ?? Foto XINHUA ?? Juez dicta un embargo de bienes de la expresiden­ta por alrededor de 100 millones de dólares.
Foto XINHUA Juez dicta un embargo de bienes de la expresiden­ta por alrededor de 100 millones de dólares.

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