Obedézcase, pero no se cumpla
(…) los buenos hábitos requieren un esfuerzo consciente. Sherry Argov
En derecho existe un principio denominado de autoridad formal de la ley y está consagrado en nuestra Constitución Política en el artículo 72, inciso f
Nos dice que: “En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”.
Los diputados de la actual legislatura federal emitieron un punto de acuerdo (que es una resolución que tiene como materia asuntos que están fuera de la órbita competencial del congreso y que por lo tanto no tiene carácter obligatorio), a efecto de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no apliquen la Ley General del Servicio Profesional Docente en algunos casos como: evaluación diagnóstica, promoción a funciones directivas, desempeño profesional del personal docente, procedimientos sancionatorios, entre otros; y aclaran los legisladores, en el mismo punto de acuerdo, que sería de este modo “...hasta en tanto sea revisado, y en su caso, reformado el marco normativo que lo rige”.
Es un despropósito que el H. Congreso de la Unión recomiende a una secretaría y a un organismo no aplicar el texto legal que regula sus funciones.
La ley es de carácter general, es decir debe ser aplicada a todo aquel individuo que se coloque en la hipótesis legal que la norma prevé.
No puede un congreso, con un simple punto de acuerdo, pretender la derogación de facto de la ley, proponiendo su no aplicación. Debería, en todo caso, obedecer el principio de autoridad formal de la ley e iniciar un procedimiento de reformas inmediato.
Crear excepciones a la ley es precisamente el origen de la corrupción.
Por un principio mínimo de congruencia deben recordar, quienes hoy ostentan una mayoría importante en las cámaras, que si bien es cierto que en su discurso propusieron dar marcha atrás a la Reforma Educativa, también enarbolaron la bandera anticorrupción en su campaña, y son hoy quienes tienen el deber político y jurídico de mantener el apego al derecho vigente; no deben ser quienes transgredan o inviten a los órganos del Estado a ignorar el texto legal, aun sea argumentando buenas intenciones.
El derecho existente en este caso podrá calificarse de injusto, desproporcionado e incluso de contrario a la voluntad popular. Pero es un derecho legítimo y vigente, porque en su creación se siguieron los pasos establecidos para ello y los realizó el órgano constitucional adecuado.
Si no obedecemos la norma jurídica, si hacemos excepción en su cumplimiento, si recomendamos su no observancia, estaremos más lejos de lograr una transformación del país. Si pugnamos por no respetar el marco legal, quizá entonces habremos cambiado de actores… pero no de hábitos.