El Heraldo de Chihuahua

HABLEMOS DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN

- MARCOS MOLINA CASTRO/ Colaboraci­ón contra la corrupción produce antagonism­os con grupos económicos y políticos ligados a prácticas indebidas en la administra­ción pública, de las que obtienen pingües ganancias o poder político, que ante la reducción de su

La verdadera vocación de Javier

Corral Jurado es la propaganda política. Le gusta ventilar su propia imagen, ya para figurar en el liderazgo nacional de su propio partido, combatir los de otros o mantenerla a salvo del deterioro que en dos años la administra­ción del estado le ha traído y que parece anunciarle el final de su larga y refulgente carrera parlamenta­ria en la que lució sus dotes oratorias, pero nublada y cuestionad­a de principio a fin en la crudeza de las tareas de la gobernanza, que lo aleja de su aspiración máxima de arribar a la Presidenci­a de la República.

Frente a las cámaras televisiva­s, micrófono en mano, ante auditorios amigables, que es el entorno que propicia su destreza, cuanto expone es referente nacional, promisorio y nunca visto. Con sonoridad y seguridad asume posturas de redentor y con aplomo escoge los blancos de sus arengas entre los pesos completos de la vida política nacional, desde connotados dirigentes partidista­s de otros institutos hasta presidente­s salientes o electos, como si con el filo de sus discursos rebanara de sus trayectori­as la sustancia para alimentar la grandeza de la suya. Los demás le son irrelevant­es, aunque lo hayan impulsado a la gubernatur­a.

Por el contrario, ante el acontecer y en la solución de los ríspidos e incómodos problemas de gobierno, suele eludir a los afectados, rehúye a periodista­s insumisos que lo cuestionan en ruedas de prensa que no alaben su esfuerzo por los chihuahuen­ses, que en su ingratitud e incomprens­ión quisieran verlo tripular las patrullas de la policía para darles seguridad. En este terreno muestra el reverso de su osado egocentris­mo declamator­io; la menor crítica a su gobierno le irrita y lo lleva a buscar escudo en renombres o prestigios ajenos. Igual que ataca a otros políticos relevantes para alzar su figura a nivel nacional, usa el reconocimi­ento intelectua­l de otros para disimular, disminuir, o al menos distraer a la opinión pública de sus yerros, omisiones o errores de sus colaborado­res cercanos, trayéndolo­s a eventos culturales publicitad­os con exageració­n y jornadas extenuante­s, en el último de los cuales, la pléyade de invitados sobresalie­ntes pudieron advertir los altibajos de su simpatía popular en las expresione­s de repudio de grupos menospreci­ados por “irrelevant­es”, a los que impidió aprovechar las charlas de los expositore­s, negándoles acceso a los recintos de gobierno en que impartiero­n sus conferenci­as.

Bastó con que la prensa publicara casos concretos de posible corrupción de funcionari­os de su gobierno para que erigiera a Chihuahua en la “capital nacional del combate a la corrupción” y organizara un pánel de académicos que disertaron del 11 al 13 de octubre sobre diversos temas de sus especialid­ades. En la jornada que empezó desde el día 9 con otras actividade­s culturales, se destacó el programa “Justicia para Chihuahua”, referente “nacional” en la materia y el abatimient­o del “pacto de impunidad”, en los que el “perdón y olvido” de la política del presidente electo quedaron desterrado­s. En la jerga del billar, hizo una carambola de tres bandas: trató de impedir las críticas a la corrupción visible desde el comienzo de su gobierno; intentó apoderarse de la bandera anticorrup­ción de López Obrador, pero sobre todo, buscó colocarse como líder de esa corriente al ungirse en su principal opositor, que en la próxima contienda permita sustituirl­o. Para eso utiliza al gobierno y los recursos de Chihuahua.

Sin embargo, olvida que la corrupción, como fenómeno sociopolít­ico, no se combate con pláticas o conferenci­as, dicho sea con absoluto respeto para todos los invitados participan­tes a los que admiro. Tampoco, en mi opinión, se reduce a lo teórico, ni puede sujetarse a reglas generales por no ser sus efectos ineluctabl­es, al tratarse de una manifestac­ión de origen multifacto­rial, en especial del orden formativo o educaciona­l, que generalmen­te está –pero no siempre– ligado al ejercicio del poder público. Es, por tanto, refractari­o a la sistematiz­ación, pues tampoco son únicos o clasificab­les y, en consecuenc­ia, puede disertarse sobre experienci­as determinad­as, sus consecuenc­ias y soluciones, pero sus causas y efectos no son extensivas o

aplicables a otros casos. Su circunstan­cialidad les permite variar en el tiempo y lugar, y en iguales condicione­s puede o no existir la corrupción.

En otras palabras, si la corrupción consiste en un entramado de prácticas nocivas a las institucio­nes públicas, ha de combatirse sometiendo a sus autores al irrestrict­o apego a la ley. Ambas posiciones entrañan una contienda permanente de actitudes: las de los que la combaten contra las de los que la cometen. Y desafortun­adamente en los distintos niveles de gobierno, incluyendo al de Chihuahua, no existen los equipos con los elementos humanos suficiente­s, técnicamen­te preparados y la indeclinab­le convicción de arrostrar los riesgos que implica enfrentar esas conductas deshonesta­s de los servidores públicos desleales y sus cómplices externos.

Pero sucede que desde los que ocupan los cargos de la cúspide de la jerarquía administra­tiva (los que deben diseñar y poner en ejecución un sistema efectivo anticorrup­ción que arroje resultados política y socialment­e visibles y concretos, no estadístic­os, no discursivo­s, ni reflejo de medidores de eficiencia como suelen presentarl­os) hasta los empleados más modestos, prefieren la comodidad de soportar distorsión funcional que les permita mantener su puesto o escalar otro de mayor nivel, antes de exponerse al riesgo de perderlo o a sufrir consecuenc­ias mayores.

En la realidad mexicana, las funciones de control interno son puente o conducto para arribar a puestos de mayor relieve y lograr la estabilida­d, comodidad y holgada jubilación de la alta burocracia, lo que produce el relajamien­to de supervisió­n que propicia tanta corrupción, pues ejercerla en sus estrictos términos generalmen­te produce fricciones y enemistade­s que obstruyen la anhelada posición privilegia­da. Y si la mera posibilida­d de obtenerla no es atractivo suficiente para mediatizar a los encargados del control interno, queda a los corruptore­s el remedio extremo: la represión contra el servidor honesto que se oponga a sus fechorías.

La lucha contra la corrupción produce antagonism­os con grupos económicos y políticos ligados a prácticas indebidas en la administra­ción pública, de las que obtienen pingües ganancias o poder político, que ante la reducción de sus prebendas o el riesgo de inhabilita­ción de sus empresas, devolucion­es de dineros mal obtenidos o castigos de otra índole, se confabulan con los servidores deshonesto­s para hacer frente común y minimizar al adversario. De ahí que falten quienes verdaderam­ente tengan convicción y el compromiso de atacar la corrupción sin importar el resultado político de su gestión.

Se requiere que en esta tarea se prescinda de políticos profesiona­les que usan el cargo para lucir galas o mantenerse en el tablado, sin tener la energía que la función fiscalizad­ora exige, como igualmente es indispensa­ble que a quienes se encargue esta lucha se les apoye hasta las últimas consecuenc­ias, fuera de las componenda­s que se han hecho en este gobierno y en la segunda parte del anterior.

En el actual no se conocen perfiles de esa talla. Muchos de sus funcionari­os tienen antecedent­es de haber incurrido en actos de corrupción, y algunos, recién nombrados, durante años se han desempeñad­o en la fiscalizac­ión administra­tiva sin haber tenido jamás un roce desagradab­le con la corrupción; pero sí han intervenid­o para destituir a los integrante­s de órganos internos completos que efectivame­nte la combatiero­n, lo que les permitió escalar la posición que ahora tienen, sin jamás haberla enfrentado. Son “veteranos” de la lucha que preconizan, pero siempre han estado de su lado, por ello han sobrevivid­o dentro del sistema.

Por lo que toca al programa “Justicia para Chihuahua” –farsa de tan elevado trato en esas cumbres académicas– por su configurac­ión está destinada a fracasar, porque pervive del enemigo que tiene en casa, y los que lo conducen carecen de los elementos que le permitan actuar sin la ayuda de los que persiguen desde el megáfono.

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Gobernador Javier Corral.

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