Las vacunas de los estados
El secretario de Salud emitió un acuerdo como una acción extraordinaria donde se establecen los requisitos que deben cumplir los gobiernos de los estados y la iniciativa privada para comprar vacunas. Además, el acuerdo dispone que las vacunas que llegasen a comprar con sus propios recursos deben aplicarse de forma congruente con la Política Nacional de Vacunación, ampliamente cuestionada.
Después de superar el problema regulatorio, surge otro obstáculo: ¿De dónde saldrán los recursos públicos para comparar las vacunas? Las finanzas estatales batallan para cubrir los mínimos necesarios para la provisión de servicios a la población. Además, el año pasado la federación los dejó a su suerte. Cada uno de los gobiernos en mayor o menor medida asumieron los apoyos sociales y económicos para atender a la población y evitar una crisis económica y sanitaria mayor.
Mientras que el gobierno federal únicamente dio ayudas equivalentes a menos de 1 por ciento del PIB, otros países como Brasil o Chile invirtieron arriba de 10 por ciento de su PIB. En países como Italia o Alemania los apoyos superaron el 35 por ciento. Las entidades federativas implementaron programas de asistencia social, de estímulo económico, así como programas fiscales y de digitalización. En estados como Jalisco y la Ciudad de México se llegó a poner en marcha al menos 14 de estos programas.
Estas ayudas y programas de recuperación tienen un costo. Las entidades federativas han autorizado y contratado deuda pública para hacer frente a la pandemia. Pero los recursos derivados del financiamiento son insuficientes. El margen para costear programas de apoyo, comprar insumos médicos y vacunas es mínimo.
Al menos en teoría, los estados cuentan con ingresos de libre disposición para comprar vacunas. Estos ingresos están conformados por los propios recursos generados por los gobiernos estatales (impuestos locales) y los recursos que la federación transfiere a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y las participaciones que son recursos "no etiquetados para un fin específico".
Al menos en teoría, los estados cuentan con ingresos de libre disposición para comprar vacunas. Estos ingresos están conformados por los propios recursos generados por los gobiernos estatales y los recursos que la federación transfiere a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
El año pasado, el gobierno federal echó mano del FEIEF, el cual disminuyó en 23.3 por ciento en términos reales. Por otro lado, los ingresos de los estados que provienen de impuestos locales apenas representan alrededor de 12 por ciento del total de ingresos. Como última alternativa quedan las participaciones que son de libre disposición. En la realidad, las participaciones están comprometidas como garantía de pago de la deuda pública, ayudan a cubrir la nómina y los servicios básicos a cargo de los estados. La poca inversión y proyectos que se llevan a cabo son financiados también con las participaciones.
En este contexto, tocará a los estados reevaluar las prioridades del gasto y enfocar los recursos en la compra de vacunas (cuando estén disponibles) e insumos médicos. Parece increíble que en 2019 (última cifra disponible) los estados, en conjunto, gastaron únicamente 290 millones de pesos para vacunas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, oxígeno, entre otros.
La vacunación es al mismo tiempo una esperanza y una dificultad. En esta carrera de obstáculos, parece que apenas superamos los políticos, faltan los financieros, legales y burocráticos. Habrá que terminar la carrera y llegar a la meta.