Gustavo Madero
Los cortes de energía eléctrica están siendo más frecuentes y extendidos. En cada uno se ofrece una explicación coyuntural distinta, pero existe en el fondo un problema estructural grande.
El sistema eléctrico nacional se configuró a partir de nuestra riqueza petrolera haciendo sinergia con la disponibilidad de combustóleo y gas natural para la generación de electricidad con las plantas termoeléctricas. Apoyados en estos recursos ampliamente disponibles de combustibles fósiles se realizó la planeación del portafolios energético estatal complementado con la infraestructura hidroeléctrica y nucleoeléctrica.
La falta de recursos para la inversión en nuevas plantas generadoras abrió la posibilidad de la participación de inversionistas privados para la instalación de nuevas plantas termoeléctricas, de ciclo combinado, más modernas y eficientes en una primera etapa y luego con la instalación de parques de generación de energía eólica y solar. Esta última posibilidad se vio impulsada fuertemente con la pasada Reforma Energética de 2013 del Pacto por México que otorgó certidumbre a los inversionistas nacionales e internacionales.
La Reforma Energética también estableció la posibilidad de subastas de energía eléctrica de largo plazo, licitaciones de líneas de transmisión, lineamientos para la asignación de los Certificados de Energía Limpia, para cumplir con los compromisos internacionales de renovables. Con el gobierno del presidente López Obrador se ha dado marcha atrás a estos cambios, ya sea por la vía administrativa, de facto o con modificaciones legales como la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo. La iniciativa de López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica pretende revertir lo que a su juicio a sido un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares dejando fracturada y en ruinas a la CFE, por lo que se propone fortalecerla dándole prioridad a la electricidad que genera la empresa productiva del Estado y dejando como segunda prelación la adquisición de energía eólica y solar de particulares y al final, la energía de ciclo combinada de las empresas privadas.
Así es como trata el gobierno de Morena tratar de fortalecer a la empresa productiva de electricidad CFE realizando una expropiación disfrazada, basada en prejuicios ideológicos y no en los fundamentos de eficacia, eficiencia y sustentabilidad como debiera ser el caso.
El presidente tiene mayoría suficiente para su aprobación en ambas cámaras sin modificarle una sola letra, con lo que obligará a litigar en tribunales esta contrarreforma.
El gobierno de Morena ha tenido sonoros fracasos en el sector petrolero y ahora lo hará en el sector eléctrico con graves consecuencias para la ecología, la economía y la confianza en nuestro país.
Han sido muchas las contrarreformas y regresiones que este gobierno ha etiquetado como cuarta transformación. En realidad se trata de retrocesos hacia modelos fracasados en el pasado y en el sentido contrario de la tendencia mundial hacia energías limpias, renovables y sostenibles. El futuro del planeta es hacia la innovación. Los cambios que López Obrador está impulsando están del lado equivocado de la historia. La única manera de impedirlo es construyendo una mayoría opositora en la Cámara de Diputados para impedir que siga dañando la ecología, la economía y el futuro de nuestro querido México. Nadie está eximido de la responsabilidad para lograrlo.