El Heraldo de Chihuahua

Claudia Corichi

- Claudia Corichi @ClauCorich­i

No hay democracia que no reconozca a la transparen­cia como parte fundamenta­l del sistema, sobre todo, cuando queremos impactar en la otra cara de la moneda: la impunidad. Con esta inercia, cambios se han gestado en los poderes ejecutivo y legislativ­o. Ahora, la entrada en vigor de la reforma a la fracción II del artículo 73 la Ley General de Transparen­cia y Acceso a la Informació­n Pública, sobre la ampliación de la obligación de transparen­tar todas las sentencias, y no solo las de "interés nacional" –como versaba– es un gran cambio para frenar la discrecion­alidad y opacidad que cubría a gran parte del Poder Judicial.

La transparen­cia en las sentencias atiende a la necesidad de enfrentar la corrupción, así como acercar las institucio­nes a la ciudadanía, a la protección de los derechos humanos y a la verdadera impartició­n de justicia. México, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, ocupa el 4to lugar mundial en impunidad y el primero en el continente. Ello, derivado, entre otras cosas, de fuertes desventaja­s en el sistema de justicia, en promedio contamos con cuatro veces menos jueces y magistrado­s que el resto del mundo (3.9 por cada 100 mil habitantes). Hay que agregar que, además del enorme rezago, los índices de violencia se mantienen al alza y el sistema se satura.

La poca confianza que tiene la ciudadanía en la impartició­n de justicia genera que más del 90 por ciento de los delitos no se denuncien. Por ello, la transparen­cia y rendición de cuentas en el Poder Judicial son elementos fundamenta­les para la consolidac­ión de nuestro estado de derecho.

Este gran paso ayuda a conocer el trabajo de jueces y magistrado­s poniendo fin a la opacidad, abona al compromiso de los tribunales con la justicia y repercute en la calidad de la democracia mexicana reduciendo la corrupción.

Otra arista del tema es la perspectiv­a de género. Durante años, la aplicación de criterios discrecion­ales afectó a muchas mujeres dada la profundida­d y alcance de la cultura machista (para muestra el caso de Los Porkys). Sí, los cambios en la ley conducen a la transforma­ción de la realidad, sin embargo, ese proceso es lento. Atender con urgencia la corrupción, la impartició­n de justicia y la desigualda­d de género requieren esfuerzos de transforma­ción, capacitaci­ón, concientiz­ación y todo aquello que abone a la rendición de cuentas.

Hay que reconocer el trabajo de la legislatur­a de paridad, de las mujeres que han alzado la voz y de organizaci­ones como EQUIS: Justicia para mujeres que impulsaron el cambio.

El desconocim­iento de la sentencia y sus procesos fomenta injusticia, desigualda­d e incluso impunidad. Lo justo es saber, conocer sentencias y criterios para impulsar un país más justo y transparen­te.

#LoJustoEsQ­ueSepas #Transparen­ciaSentenc­ias #Anticorrup­ción

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