Gerardo Gutiérrez C.
Los apagones que se han dado en el norte del país, detonados por los cortes de suministro de gas natural de Texas, pero con el trasfondo de la caída de la producción nacional y la falta de inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento, deberían verse como alerta preventiva de las consecuencias de una política energética contraria a la lógica económica y medioambiental.
Si se aprueba la contrarreforma eléctrica enviada como iniciativa preferente al Congreso, el golpe a la certidumbre jurídica en México será irreparable, como ha señalado la Cofece. Al menos, nos tomará mucho tiempo restablecer la confianza perdida. Y justo cuando en el mundo hay condiciones extraordinarias para atraer la inversión que necesitamos para cubrir el crecimiento de nuestra demanda y avanzar en la transición energética.
Como hemos insistido aquí, la afectación no sólo sería para el sector eléctrico, sino para inversión productiva en general.
Por el lado de la competitividad, se desincentivará la inversión en la industria, ya que México no podrá garantizar un abasto de energía confiable y con costos bajos, además de que se dependerá del manejo discrecional y no técnico del sector eléctrico, lo que implica inestabilidad e incertidumbre. Para muchas industrias, el suministro competitivo es un criterio determinante de la rentabilidad.
Desde el punto de vista de la certidumbre jurídica, el mensaje a quien considere a nuestro país para instalar cualquier eslabón de su cadena productiva puede ser "piénsalo dos veces", porque ahí las condiciones originales pueden cambiar en cualquier momento, en función de los vientos políticos, sin siquiera garantía de preservar la integridad de los contratos.
No son preocupaciones sin fundamento; hay precedentes bien conocidos. Casos como el de Nissan, que tuvo que ampararse porque llevaba un año esperando la autorización de un contrato de autoabastecimiento y, a raíz de del intento gubernamental de incrementar arbitrariamente las tarifas de transmisión de la CFE en hasta 800 por ciento, por lo que enfrentaba aumentos sustanciales en
costos eléctricos conforme a los que realizó inversiones por millones de dólares. Igualmente ha trascendido que Tesla consideró en algún momento instalar una fábrica en Jalisco, pero lo descartó por falta de certeza a largo plazo sobre el suministro eléctrico.
En el gas natural hay la misma problemática de fondo. Primero, inversión insuficiente en producción e infraestructura de almacenamiento, distribución o regasificación, situación que empezaba a corregirse tras la reforma energética del 2013. Luego, barreras a los proyectos que estaban en marcha o en planeación con una política energética y de regulación hostil.
Todo eso cuando lo que se necesita es invertir más para que el sistema energético, eléctrico y en particular gasífero tengan mayor capacidad y resiliencia. Más del 63 por ciento de la generación eléctrica depende del gas, fundamental también en la industria y el hogar como energía calorífica. Y excluyendo a Pemex, que consume 70 por ciento de su propia producción en sus yacimientos y plantas, 90 por ciento del consumo nacional se surte con gas importado, por fortuna muy barato gracias a la revolución de la fracturación hidráulica en Estados Unidos.
La solución para no estar en tal estado de fragilidad es aumentar la producción nacional y/o expandir la capacidad de almacenamiento para aprovechar el gas estadounidense, que se ha comercializado a 2 dólares por millón de BTU en futuros, lo más bajo en décadas, y que salvo contingencias extraordinarias, no se espera que pase de 3.50 dólares por un buen tiempo. Es hora de reaccionar: la politización y la ideologización de la política energética sólo provocarán atraso, y de muchos años.