El teatro de Oceanografía, siete años después
Con la anulación que determinó el Séptimo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México de tres de los ocho testimonios con los que fue procesado el principal implicado en el presunto desfalco de Oceanografía a Banamex, el caso se desvanece poco a poco. Han transcurrido ya siete años desde el escándalo de esta naviera, iniciado por la Procuraduría General de la República, en aquel entonces, bajo el mando de Jesús Murillo Karam, el 2 de marzo de 2014. Banamex se sumó al ataque en contra de la naviera el 28 de febrero de 2014, con Michael Corbat desde Nueva York diciendo que se "acababan de dar cuenta de un desfalco de más de cinco mil millones de pesos" cometido en agravio de la institución financiera.
La inhabilitación a Oceanografía por Emilio Lozoya, el supuesto fraude a Banamex, y la denuncia de asociación delictuosa armada para dar acceso a la PGR a tomar control de la empresa, fueron los tres poderosos ejes que cayeron como ancla sobre la cabeza de Amado Yáñez Osuna.
Al tomar el control la PGR, en un evento inaudito, se solicitó el concurso mercantil, para intentar sepultar en definitiva a la empresa (concurso que ha concluido después de cuatro convenios suscritos con sus acreedores). Hoy siete años después, Oceanografía fue nuevamente habilitada por los tribunales para prestar servicio al Gobierno y, del supuesto desfalco, los jueces federales en tres instancias distintas confirmaron la ausencia de dinero que reclamar por parte de Banamex, es decir, saldo cero pesos.
En cuanto al delito de asociación delictuosa para defraudar al Banco, esta ha ido muriendo paso a paso. Los propios funcionarios denunciados penalmente por Banamex han ido ganando resoluciones judiciales que los liberan de todo delito, tal es el caso de Alfonso Gerardo Ortega Brehm y Emilio Gonzalo Granja Gout.
El que más había pagado los platos rotos, como generalmente pasa, es el funcionario de menor jerarquía, como es el caso de Erick Cervantes Murillo, quien fue perseguido y detenido. Apenas esta semana salió la resolución en la que ganó una demanda de amparo para que, al analizarse su caso en sentencia, no se tomen en cuenta declaraciones que habían sido pre armadas en su momento por el propio Banamex.
Asimismo, ya había salido a la luz en el proceso de Yáñez Osuna un reclamo de uno de los supuestos testigos que declaró en el juzgado haber sido torturado e incomunicado por la entonces PGR para que declarara como Banamex quería. La institución bancaria, ante la ausencia de elementos reales para proceder ha ido inventando pruebas, de acuerdo con los involucrados. Así, el final del caso se acerca y todo apunta a que Banamex, hoy a cargo de Manuel Romo, deberá pagar millonarias cantidades para reponer los daños y perjuicios ocasionados con sus acciones. Claro, esto todavía no ha terminado. Dirán algunos, apenas empieza.