Juan Carlos Loera
El 18 de julio de 1963, el presidente Adolfo López Mateos ofreció un mensaje al pueblo de México para explicar las negociaciones y acuerdos a los que se había llegado con el gobierno de los Estados Unidos para la devolución de El Chamizal, y afirmó que nuestro país recibiría 177 hectáreas de terreno sin pagar compensaciones de ninguna especie.
Se anunció que ese territorio se dedicaría para crear un parque público federal. Desde el regreso de los terrenos de El Chamizal a nuestro país, este espacio se convirtió en el triunfo del nacionalismo mexicano y símbolo de identidad nacional y orgullo fronterizo. Con el tiempo, los juarenses lo han utilizado como un lugar para disfrutar del espaciamiento, de cohesión familiar y social, de formación cultural e identitaria y para realizar ejercicio y hacer deporte.
Las distintas administraciones públicas se han ocupado poco de la reforestación de El Chamizal. Tristeza causa ver árboles secos, árboles con plaga, áreas extensas sin árboles, sistemas de riego en mal funcionamiento, sin alumbrado público, sin vigilancia. Es urgente realizar obras de reforestación, de mantenimiento e infraestructura; elaborar un inventario minucioso de todas las construcciones y las concesiones de El Chamizal; y revisar los términos jurídicos de todas y cada una de las concesiones.
La polémica que ha generado la reciente aprobación del citado Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC) de Ciudad Juárez establece por un lado la necesidad de impulsar el desarrollo de infraestructura que atraiga, con la consecuente derrama económica, la realización de eventos nacionales e internacionales. La pérdida de competitividad y con ello, el desaprovechamiento de oportunidades económicas para la ciudad y el estado, además las ventajas de su ubicación estratégica, justo a unos pasos de la frontera internacional, son el argumento central de quienes ven de forma positiva la aprobación de esta obra. Por otro lado, quienes se oponen a esta aprobación son diversos grupos de ciudadanos y defensores del medioambiente y el derecho a la ciudad que ven en la obra una amenaza al patrimonio histórico, cultural y natural que representa El Chamizal. El argumento es en defensa del espacio público, ya que la aprobación del CEC se percibe en la práctica como un acto de privatización, que vendría a beneficiar directamente al sector empresarial, dejando de lado el uso común de un espacio con un alto valor identitario para los juarenses.
Con base en datos del Centro de Estudios Superiores en Turismo, de la Secretaría de Turismo, hacia el 2011, las reuniones tipo convención o exposición, contribuyeron de manera directa con 12 mil millones de dólares al PIB, un 1.43 % del total de la economía, y generaron poco más de 850 mil empleos. Con la potencial generación de derrama económica y de empleos, una obra de esa naturaleza puede aportar al desarrollo económico, pero sin duda debe hacerse sobre la base de que haya un compromiso claro por proteger y sacar del olvido al Chamizal.
Los grupos protectores del medioambiente, defensores del derecho a la ciudad, y los grupos empresariales promotores del desarrollo económico, deben encontrar el modo de que sus objetivos apunten en la misma dirección. Es necesario que para asegurar la sustentabilidad, transparencia y rendimiento de cuentas, el fideicomiso incorpore a las instituciones educativas de nivel superior, los colegios de profesionistas y a las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, ayudaría incorporar al proyecto la participación de otras dependencias, como las secretarías de Innovación y Desarrollo Económico, de Cultura, de Desarrollo Urbano y de Turismo.